La aplicación de la ley europea de deforestación, que busca cerrar el mercado a productos procedentes de tierra deforestada, debe retrasarse un año para permitir a las empresas adaptarse.
Europa | Todo El Campo | Ante la inquietud entre los Estados miembros, terceros países, proveedores y operadores sobre las dificultades para adaptarse a la normativa si se aplica desde final de 2024, la Comisión propuso aplazar un año la fecha de aplicación de la ley. El pleno aprobó en octubre de 2024 tramitar la propuesta a través del procedimiento de urgencia. El jueves 14 respaldó posponerla y añadió varias enmiendas al texto, con 371 votos a favor, 240 en contra y 30 abstenciones.
Según lo votado por el pleno, los grandes operadores tendrán que respetar las obligaciones derivadas del presente Reglamento a partir del 30 de diciembre de 2025, mientras que las pequeñas empresas y las microempresas tendrán hasta el 30 de junio de 2026.
El Parlamento también acordó la creación de una nueva categoría de países «sin riesgo» para la deforestación, además de las tres categorías existentes de riesgo «bajo», «estándar» y «alto».
Los países clasificados como «sin riesgo», definidos por un desarrollo estable o creciente de zonas forestales, se enfrentarían a requisitos mucho menos estrictos, al considerar que presentan un riesgo insignificante o inexistente de deforestación. La Comisión tendrá que finalizar un sistema de evaluación comparativa por país a más tardar el 30 de junio de 2025.
El Parlamento devolvió el texto a la comisión de Medio Ambiente para abrir negociaciones interinstitucionales. Para entrar en vigor, la normativa acordada debe ser respaldada tanto por el Parlamento como por el Consejo y publicada en el Diario Oficial.
PÉRDIDA DE BOSQUES.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés) estima que entre 1990 y 2020 se perdieron 420 millones de hectáreas de bosque —una superficie mayor que la de la UE— debido a la deforestación. El consumo de la UE representa alrededor del 10% de la deforestación mundial, más de dos tercios del cual se deben al consumo de aceite de palma y de soja.
El nuevo reglamento, adoptado por el Parlamento el 19 de abril de 2023, busca luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad mediante la prevención de la deforestación relacionada con el consumo de productos de ganado vacuno, cacao, café, aceite de palma, soja, madera, caucho, carbón vegetal y papel impreso. En vigor desde el 29 de junio de 2023, sus disposiciones debían empezar a aplicarse el 30 de diciembre de 2024.
Se busca que los afectados o vinculados (Estados Miembros, los países socios exportadores, operadores y comerciantes) estén mejor preparados.
Montevideo | Todo El Campo | La Comisión Europea propuso postergar un año -hasta el 30 de diciembre de 2025- la puesta en marcha del Reglamento 1.115/2023 sobre productos libres de deforestación.
Uruguay había pedido a la Comisión Europea postergar la implementación del reglamento, y hizo junto a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay a través del Consejo Agropecuario del Sur (CAS) cuando se reunió en Argentina.
Según versiones de prensa, la posición de la Comisión Europea es entendida como un triunfo del Mercosur.
La nueva posición de la Comisión Europa se conoció el 2 de octubre cuando publicó documentos sobre el tema y en uno de ellos plantea la postergación por 12 meses para que los afectados o vinculados (Estados Miembros, los países socios exportadores, operadores y comerciantes) estén mejor preparados.
Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario explica: “Esto también les permitiría que se establezcan plenamente los sistemas de debida diligencia necesarios para asegurar que todos los productos básicos y productos relevantes que estarán disponibles en el territorio de la UE cumplan las disposiciones del Reglamento”.
Extender el plazo “también permitirá una mayor cooperación con terceros países, cuando sea pertinente, varios de los cuales han expresado preocupaciones relacionadas con el corto plazo de implementación”.
“El plazo extendido también desplaza la fecha a partir de cuándo se aplicará la regulación sobre las pequeñas y medianas empresas al 30 de junio de 2026”, agrega.
Una cosa novaría y es que el 30 de diciembre próximo seguirá siendo la “fecha límite que tiene la Unión Europea para publicar mediante actos de ejecución la lista de países, o de parte de países, que presentan un riesgo bajo o alto de deforestación”.
La eventual postergación “no modifica ninguna norma sustantiva” que plantea la disposición 1.115/2023. El único objetivo es “conceder tiempo adicional necesario para que los operadores, comerciantes y autoridades competentes se preparen para cumplir con las obligaciones previstas”.
Las economías más pequeñas como las de Paraguay, Guatemala, Uruguay y Nicaragua son las que podrían sufrir el mayor impacto.
Asunción, Paraguay | Todo El Campo | Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advierte que el Reglamento 1.115 afectará a los productores que no pueden cumplir las normativas ambientales y que incluso puede fomentar los cultivos ilícitos, como la coca, lo que preocupa especialmente a los sectores del cacao y el café.
El informe más reciente de Cepal presenta los desafíos que la regulación plantea para los productores de la región.
Señala que las exigencias de trazabilidad georreferenciada impuestas por la Unión Europea (UE) pueden superar las capacidades tecnológicas y financieras de muchos países de América Latina, creando una barrera de entrada considerable para sus exportaciones.
Cepal advierte que los productores que no puedan cumplir con estas normativas podrían redirigir sus exportaciones hacia mercados menos exigentes o, en el peor de los casos, reconvertirse hacia cultivos ilícitos, como la coca, una preocupación que afecta especial mente a los sectores del cacao y el café.
El documento resalta la incertidumbre que aún persiste sobre varios aspectos del Reglamento 1.115, lo que complica la preparación de los países para cumplir con sus disposiciones.
A partir del 1 de enero de 2025, la UE aplicará la normativa, prohibiendo la importación de productos agroindustriales procedentes de zonas de forestadas después del 31 de diciembre de 2020.
Esta medida afectará a productos como la carne vacuna, la soja, el aceite de palma, el café, el cacao, la madera y otros derivados, lo que podría tener un impacto significativo en las economías latinoamericanas.
Según el informe, América Latina exportó en 2022 productos comprendidos en esta nueva normativa por un valor de 26.328 millones de dólares a la UE.
Brasil encabeza la lista con casi 17.500 millones de dólares en exportaciones de soja, carne vacuna, café y productos de madera, que podrían verse afectadas.
Le siguen Argentina, con exportaciones de harina de soja y carne vacuna, y Colombia, principalmente con café y aceite de palma, con volúmenes muy por debajo de Brasil.
De acuerdo con el informe de Cepal, en términos proporcionales, las economías más pequeñas como las de Paraguay, Guatemala, Uruguay y Nicaragua son las que podrían sufrir el mayor impacto y enfrentar dificultades para adaptarse a las nuevas regulaciones.
Fernando Mattos: Cada vez se suman más certificaciones que distorsionan el mercado y encarecen la producción, pero nos piden precios barato.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, criticó el exceso de reglamentaciones y certificaciones que se exige por parte de los destinos a los que Uruguay exporta y señaló que los países desarrollados deben solucionar sus emisiones que repercuten directamente en Uruguay.
Los planteamientos y las reflexiones del ministro fueron realizadas en el cierre del proyecto de cooperación “Certificación de productos agroexportables producidos bajo un manejo sostenible de los bosques nativos en Uruguay”, que tuvo lugar el martes 18 de junio.
“COMPLEJO CRUCE DE CAMINOS”.
En la oportunidad dijo que el mundo está hoy “en un cruce de caminos muy complejo”, porque hay una gran protección “por las guerras y la seguridad alimentaria”, y si además “vamos a estar introduciendo factores más distorsionantes, como procesos de certificación”, porque “ya tenemos la certificación sanitaria, la certificación religiosa, ahora la certificación ambiental, la certificación laboral, y vamos agregando costos mientras nos piden productos que cumplan con toDo esas condiciones y que sean baratos”.
“Es muy difícil poder llegar y alcanzar estas metas”, subrayó.
URUGUAY ES EJEMPLO EN CUIDADO AMBIENTAL.
Agregó que Uruguay “no le da la derecha a nadie porque hemos vivido, vivimos y viviremos de nuestros recursos naturales. No tenemos otro camino que las políticas de preservación y así lo demuestra nuestra legislación”.
Sin embargo, consideró que debe haber un “diálogo mucho más amplio respecto de los objetivos”, porque “si los países desarrollados no bajan sus emisiones, si no dejan de emitir las gigatoneladas de carbono atmosférico, que liberan anualmente, nosotros no dejaremos de tener esta situación de enorme vulnerabilidad” y que se ve en la historia reciente.
Recordó que “hace seis meses teníamos una emergencia agropecuaria por sequía y hoy estamos con emergencia agropecuaria por inundaciones”. Por otro lado, “ya se anuncia que en seis meses estaremos en sequía nuevamente. Ese es nuestro derrotero”.
“Siempre hay que celebrar que los países busquen a través del diálogo y el entendimiento, generando cooperación para resolver todas las desavenencias que se puedan generar, teniendo en cuenta que Uruguay y la Unión Europea tienen una larga tradición histórica y cultural”, reflexionó.
También se expresó en desacuerdo con el Reglamento 1.115/2023 de la Unión Europea que entrará a regir el próximo año y que exige demostrar que la producción de los países proveedores no proviene de actividades que impliquen deforestación.“Nos preocupa el Reglamento 1.115/2023, y no es novedad que nosotros no estamos de acuerdo con esa reglamentación”. No obstante, ese desacuerdo “no nos va inmovilizar, ni impedir atender los fundamentos que permitan que el comercio continúe fluyendo como socios comerciales que somos. Uruguay como país exportador debe ajustarse a las normas comerciales”.
El objetivo fue analizar la viabilidad y proponer un sistema de certificación pública para las cadenas productivas en relación a la conservación del bosque nativo.
Montevideo | Todo El Campo | El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) presentó los resultados del proyecto “Certificación de Productos Agroexportables en predios con Bosque Nativo”, evento realizado el día 18 de junio, y encabezado por el ministro Fernando Mattos, el subsecretario Ignacio Buffa, y el director general Forestal Carlos Faroppa. Estuvieron presentes Claudia Romano, gerenta de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI); Markus Handke, jefe de la Sección de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay, y Rosa Oliva, Técnica Especialista del programa Al-Invest Verde.
El proyecto cuenta con el apoyo por el programa de la Unión Europea Al-Invest Verde y es ejecutado por el Centro de Investigaciones Aplicadas al Desarrollo Agroforestal (IDAF).
El objetivo fue analizar la viabilidad y proponer un sistema de certificación pública para las cadenas productivas en relación a la conservación del bosque nativo.
La Dirección General Forestal (DGF) del MGAP coordinó el proyecto con el apoyo de la AUCI, facilitando el cumplimiento del Reglamento UE 2023/1.115 sobre cadenas de suministro libres de deforestación y degradación forestal (EUDR).
RESULTADOS DEL PROYECTO.
Iniciado en abril de 2023, el proyecto comenzó con un diagnóstico de la zona litoral de Uruguay y una caracterización de las cadenas de valor productivas y de los actores potencialmente adherentes a un sistema de certificación. Se realizó un mapeo de experiencias de certificación de bosques en América Latina y la Unión Europea, relevantes para Uruguay.
En octubre de 2023, se organizaron talleres en Paysandú y Montevideo para recabar la visión de todas las partes implicadas, generando así una propuesta de sistema de certificación público que cumple con los requisitos del EUDR. Los resultados complementaron el diagnóstico inicial y se desarrolló una propuesta preliminar de un sistema de certificación de manejo de bosque nativo con esquemas de incentivos.
El proyecto incluyó experiencias piloto que resultaron en el primer embarque de chips de madera libres de deforestación desde Uruguay a Europa, seguido de un segundo envío a Estados Unidos para la fabricación de productos destinados a Europa.
El manejo sostenible de los bosques nativos promueve la preservación de los bosques y el desarrollo económico territorial. Este proyecto ha mejorado el conocimiento de procesos sostenibles y responsables, contribuyendo a la conservación del bosque nativo en Uruguay.
HOJA DE RUTA.
El MGAP está desarrollando una propuesta de política pública para apoyar al sector agroexportador, incluyendo una plataforma que proporcionará la información necesaria para cumplir con la normativa EUDR sin representar un costo elevado. La plataforma será única, universal y de acceso voluntario, integradora y adaptable en el tiempo, e interoperable con sistemas existentes como el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG), el Sistema Nacional de Información Agropecuaria (SNIA), y el Sistema de Gestión de Bosques (SGB).
La plataforma ofrecerá dos productos fundamentales: un mapa de cambio de bosque nativo y la emisión de certificados que garanticen que los productos agroexportables provienen de predios libres de deforestación, disponibles en formato digital para ser compartidos con operadores europeos u otros agentes de las cadenas productivas.
