Europa tendrá que hacer todo lo posible para demostrar tanto a sus socios del Mercosur como al resto del mundo que este retraso impuesto por el Parlamento Europeo no equivale a un desenganche.
Dora Meredith y John Clarke* | Bruselas, Bélgica | Todo El Campo | La Unión Europea (UE) rara vez recibe segundas oportunidades en geopolítica. Sin embargo, la semana pasada, el Parlamento Europeo decidió desechar uno. Al votar para remitir el tan esperado acuerdo comercial con el bloque Mercosur al Tribunal de Justicia de la UE para un dictamen legal -un proceso que podría durar dos años-, los legisladores asestaron un duro golpe a la credibilidad de Europa en un momento en que la rapidez y la fiabilidad importan más que nunca.
Tras más de dos décadas de negociaciones, este acuerdo pretendía señalar que Europa aún podía actuar con decisión en un mundo de creciente competencia geopolítica. Como argumentó este mes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue la prueba definitiva de la relevancia continua de Europa en el escenario mundial. Ajeno a esto, la decisión del Parlamento refuerza la percepción de que el bloque no puede cumplir con ello, incluso cuando finalmente se alcanza un acuerdo.
Es, por cualquier medida razonable, un autogol estratégico.
Las consecuencias de esto van mucho más allá del comercio. Los gobiernos del Mercosur pasaron años negociando este acuerdo de libre comercio (ALC) de buena fe, navegando la vacilación de Europa, las demandas cambiantes y las señales políticas inconsistentes. Comprensiblemente, ahora están interpretando la remisión al tribunal como un movimiento político. Para los socios que ya están apostando en un panorama global cada vez más disputado, esto refuerza las dudas sobre si se puede confiar en Europa.
Mientras tanto, para Europa, el verdadero daño radica en una verdad más profunda que con demasiada frecuencia oculta: que su verdadero poder proviene de la capacidad de hacer tales acuerdos y luego implementarlos de forma seria, coherente y a gran escala.
El acuerdo UE-Mercosur no es solo otro acuerdo comercial. Se diseñó como un marco para una asociación económica, política y estratégica a largo plazo con una región donde la influencia de Europa ha ido erosionándose de forma constante. Ofrece un acceso integral al mercado en bienes y servicios, normas de inversión más claras, acceso a materiales críticos, diálogo político estructurado y un enfoque basado en la cooperación para gestionar disputas.
En conjunto, pretende anclar a Europa en Sudamérica en un momento en que otros, especialmente China, han avanzado más rápido y con menos restricciones. Y aunque ese nivel de ambición no ha desaparecido con la votación del Parlamento, se ha puesto en serio riesgo.
A lo largo de los años, gran parte de las críticas en torno al acuerdo Mercosur se han centrado en la sostenibilidad. De hecho, si finalmente se aprueba, esta será la prueba de fuego para determinar si la UE puede traducir sus valores en influencia. Y con ese fin, el acuerdo hace que un amplio conjunto de compromisos previamente voluntarios sea legalmente vinculante, incluyendo la implementación de los objetivos climáticos de París y el cumplimiento de convenios internacionales sobre derechos laborales, derechos humanos, biodiversidad y protección ambiental. Sin embargo, lo hace mediante la aplicación basada en el diálogo en lugar de la retirada automática ante el incumplimiento – un enfoque que refleja las realidades políticas tanto en Bruselas como en los países del Mercosur.
Esto ha decepcionado a quienes piden una regulación más estricta, pero pone de manifiesto una verdad incómoda: la influencia de Europa sobre los resultados de sostenibilidad no proviene de fingir que puede coaccionar a los socios para que cumplan, sino de un compromiso y cooperación sostenidos. Esa era una línea roja para los gobiernos del Mercosur, y sin ella no habría ningún acuerdo.
El novedoso “mecanismo de reequilibrio” del acuerdo se inscribe en esta lógica, ya que permite a los países del Mercosur suspender concesiones si futuras regulaciones imprevistas de la UE anulan efectivamente el acceso prometido al mercado. Los críticos temen que esta disposición pueda utilizarse para desafiar futuras medidas de sostenibilidad de la UE, pero los países del Mercosur la ven como una salvaguarda frente a una posible acción unilateral de la UE, como ejemplifica el Reglamento sobre la Deforestación. Además, en la práctica, estos mecanismos rara vez se utilizan. Además, su inclusión fue el precio de asegurar un protocolo adicional de sostenibilidad.
Lo más importante es que nada de esto se resolverá por retraso legal. Al contrario, el aplazamiento debilita la capacidad de Europa para influir en los resultados sobre el terreno. Investigaciones de los principales institutos climáticos de Brasil muestran que la ambiciosa implicación internacional fortalece las coaliciones nacionales proambientales al aumentar la transparencia, los recursos y el poder político. La ausencia, en cambio, crea espacio para actores con estándares mucho más bajos.
La misma lógica se aplica a la dimensión económica del acuerdo. La Comisión destaca acertadamente las cifras principales: miles de millones de euros en ahorros arancelarios, ampliación del acceso al mercado, acceso seguro a minerales críticos y crecimiento del comercio. Según un estudio reciente del Centro Europeo de Economía Política Internacional, cada mes de retraso representa 3.000 millones de euros en exportaciones perdidas.
Pero estas cifras importan menos que lo que hay debajo: Europa obtendrá todo esto mientras ofrece concesiones limitadas en sectores agrícolas sensibles; y los países del Mercosur tendrán acceso al mayor mercado único del mundo — pero solo si pueden cumplir con exigentes estándares regulatorios y medioambientales que podrían poner en riesgo la capacidad interna.
De nuevo, el verdadero poder reside en la implementación del acuerdo. Si se gestionan bien, tales presiones pueden impulsar la inversión, modernizar los estándares y reducir la dependencia de las exportaciones de materias primas, como han argumentado los think tanks latinoamericanos. Esta transición es precisamente lo que el paquete de inversión Global Gateway de la UE, de 1.800 millones de euros, fue diseñado para apoyar. Y retrasar el acuerdo también retrasa eso.
La decisión del Parlamento no es solo un revés procesal: perjudica la mayor fortaleza de Europa en un momento en que la vacilación tiene un coste real. También crea un dilema institucional inmediato para la Comisión. A pesar de la suspensión judicial, la Comisión es legalmente libre de aplicar el acuerdo de forma provisional, pero esta es una decisión difícil: aplicarlo y entrar en una tormenta de críticas por evitar controles democráticos que se volverán contraproducentes el día que el Parlamento finalmente vote el acuerdo; o aceptar un retraso de dos años y posponer los beneficios económicos del acuerdo, posiblemente indefinidamente, — los países del Mercosur no van a resistir para siempre.
Si quiere recuperarse, en los próximos meses Europa tendrá que hacer todo lo posible para demostrar tanto a sus socios del Mercosur como al resto del mundo que este retraso no equivale a un desenganche. Esto significa un diálogo político sostenido, compromisos creíbles en materia de inversión y cooperación —incluida la implementación de la Global Gateway— así como un plan claro para la implementación del acuerdo en el momento en que concluya este proceso legal.
Dos años es una eternidad en el clima geopolítico actual. Si Europa permite que este momento pase sin corregir el rumbo, los demás no esperarán. El acuerdo puede ser imperfecto, pero la irrelevancia es un destino mucho peor. Europa debe ser mucho más valiente a la hora de comunicar esa realidad — al mundo y, quizás con mayor urgencia, a su propio público.
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(*) LOS AUTORES. Artículo de opinión y análisis de Dora Meredith y John Clarke.
Dora Meredith es la directora de ODI Europa. John Clarke es un antiguo negociador comercial senior de la Comisión Europea y ex jefe de la Delegación de la UE ante la OMC y la ONU. Es investigador en la Universidad de Maastricht y en la Royal Asiatic Society, y asesor comercial para asuntos públicos de Fipra.
El artículo original fue publicado en Politico, medio de comunicación europeo con sede en Bruselas (Bélgica).
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