La firma de convenios para la formación de jóvenes del Inisa es correcta, pero se sigue sin entender por qué el Mides suspendió el acuerdo con la SCCU.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | El miércoles 28 de enero el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y la Fundación de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra) firmaron un convenio específico para desarrollar un programa piloto de prácticas educativo-laborales, orientado a fortalecer la inserción social y comunitaria de jóvenes mayores de 18 años vinculados al organismo estatal.
El acuerdo alcanzará a 20 jóvenes que además de formación recibirán el pago de salarios, cobertura de seguridad social y seguro por accidentes de trabajo; también se prevé la asignación de tareas según el perfil de cada joven, el acompañamiento durante el proceso y la emisión de certificados una vez finalizada la práctica.
A Inisa le corresponderá seleccionar y postular a los jóvenes, junto con el seguimiento institucional durante la duración del programa.
24 horas antes, también se firmó el acuerdo entre el Inisa y el Ministerio de Defensa para formar hasta 30 jóvenes en los cursos de las escuelas técnicas de esa cartera.
De igual forma se han anunciado convenios con Antel, la Liga Universitaria y el Ministerio de Vivienda, en este último caso se incluirían pasantías laborales, subsidios de alquiler y producción de insumos para la construcción.
Todos estos convenios forman parte de uno de los objetivos de las sociedades civilizadas y que todos los ciudadanos esperamos que se cumplan y den resultados positivos: la incorporación de personas en estado o situación vulnerable, procurando su formación y educación en buenos hábitos del trabajo para que en el futuro próximo puedan tener una vida digna, sustentada en el trabajo y el esfuerzo personal, y así contribuyan a sí mismos y la sociedad.
UN CONVENIO QUE SE RECHAZÓ.
En esa misma línea iba el convenio de la Sociedad de Criadores de Corriedale del Uruguay (SCCU) con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que apuntaba al desarrollo de la producción ovina familiar. Sus beneficiarios tenían acceso a la formación y a ejemplares ovinos, mejorando la economía de sus familias con un rubro de gran potencial.
El convenio se había firmado durante el segundo gobierno del Dr. Tabaré Vázquez, cuando Marina Arismendi encabezaba ese ministerio.
Un artículo del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) publicado en el Anuario Corriedale 2018 recogía: “El esfuerzo mancomunado entre INIA, Mides y la SCCU, ha permitido que hoy en día productores con escasa vinculación al rubro, vean en éste una oportunidad para mejorar la estabilidad económica y de seguridad alimentaria en sus hogares. Instalados los lazos interinstitucionales, la continuidad del convenio nos permitirá repetir conceptos, plasmando los mismos en otro ciclo biológico y extender la experiencia con la SCCU en Artigas, a otras zonas de intervención como son Canelones, Lavalleja, Rocha, Rivera, Paysandú, Rio Negro y nuevas zonas donde exista la posibilidad de contribuir a través del rubro”.
A pesar de los buenos resultados obtenidos, todo esto debe ser dicho en pasado y no presente porque en la actual administración el Mides dejó sin efecto el acuerdo, destruyendo -seguramente a través de una decisión burocrática tomada en una oficina céntrica de Montevideo- una herramienta de crecimiento y revaloración de personas y familias vulnerables.
Los acuerdos firmados por Inisa en los últimos días marcan un rumbo correcto y está bien que se avance hacia allí, pero sin destruir convenios que llevaban años desarrollándose y que también servían de formación e integración, teniendo como protagonistas a personas y familias que necesitan de ese aprendizaje para crecer y valerse por sí mismos.
Foto de portada, ministro Civila | Foto X Mides.
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