Ene 30, 2026 | Opinión
La firma de convenios para la formación de jóvenes del Inisa es correcta, pero se sigue sin entender por qué el Mides suspendió el acuerdo con la SCCU.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | El miércoles 28 de enero el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y la Fundación de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra) firmaron un convenio específico para desarrollar un programa piloto de prácticas educativo-laborales, orientado a fortalecer la inserción social y comunitaria de jóvenes mayores de 18 años vinculados al organismo estatal.
El acuerdo alcanzará a 20 jóvenes que además de formación recibirán el pago de salarios, cobertura de seguridad social y seguro por accidentes de trabajo; también se prevé la asignación de tareas según el perfil de cada joven, el acompañamiento durante el proceso y la emisión de certificados una vez finalizada la práctica.
A Inisa le corresponderá seleccionar y postular a los jóvenes, junto con el seguimiento institucional durante la duración del programa.
24 horas antes, también se firmó el acuerdo entre el Inisa y el Ministerio de Defensa para formar hasta 30 jóvenes en los cursos de las escuelas técnicas de esa cartera.
De igual forma se han anunciado convenios con Antel, la Liga Universitaria y el Ministerio de Vivienda, en este último caso se incluirían pasantías laborales, subsidios de alquiler y producción de insumos para la construcción.
Todos estos convenios forman parte de uno de los objetivos de las sociedades civilizadas y que todos los ciudadanos esperamos que se cumplan y den resultados positivos: la incorporación de personas en estado o situación vulnerable, procurando su formación y educación en buenos hábitos del trabajo para que en el futuro próximo puedan tener una vida digna, sustentada en el trabajo y el esfuerzo personal, y así contribuyan a sí mismos y la sociedad.
UN CONVENIO QUE SE RECHAZÓ.
En esa misma línea iba el convenio de la Sociedad de Criadores de Corriedale del Uruguay (SCCU) con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que apuntaba al desarrollo de la producción ovina familiar. Sus beneficiarios tenían acceso a la formación y a ejemplares ovinos, mejorando la economía de sus familias con un rubro de gran potencial.
El convenio se había firmado durante el segundo gobierno del Dr. Tabaré Vázquez, cuando Marina Arismendi encabezaba ese ministerio.
Un artículo del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) publicado en el Anuario Corriedale 2018 recogía: “El esfuerzo mancomunado entre INIA, Mides y la SCCU, ha permitido que hoy en día productores con escasa vinculación al rubro, vean en éste una oportunidad para mejorar la estabilidad económica y de seguridad alimentaria en sus hogares. Instalados los lazos interinstitucionales, la continuidad del convenio nos permitirá repetir conceptos, plasmando los mismos en otro ciclo biológico y extender la experiencia con la SCCU en Artigas, a otras zonas de intervención como son Canelones, Lavalleja, Rocha, Rivera, Paysandú, Rio Negro y nuevas zonas donde exista la posibilidad de contribuir a través del rubro”.
A pesar de los buenos resultados obtenidos, todo esto debe ser dicho en pasado y no presente porque en la actual administración el Mides dejó sin efecto el acuerdo, destruyendo -seguramente a través de una decisión burocrática tomada en una oficina céntrica de Montevideo- una herramienta de crecimiento y revaloración de personas y familias vulnerables.
Los acuerdos firmados por Inisa en los últimos días marcan un rumbo correcto y está bien que se avance hacia allí, pero sin destruir convenios que llevaban años desarrollándose y que también servían de formación e integración, teniendo como protagonistas a personas y familias que necesitan de ese aprendizaje para crecer y valerse por sí mismos.
Foto de portada, ministro Civila | Foto X Mides.
Ene 28, 2026 | Opinión
Europa tendrá que hacer todo lo posible para demostrar tanto a sus socios del Mercosur como al resto del mundo que este retraso impuesto por el Parlamento Europeo no equivale a un desenganche.
Dora Meredith y John Clarke* | Bruselas, Bélgica | Todo El Campo | La Unión Europea (UE) rara vez recibe segundas oportunidades en geopolítica. Sin embargo, la semana pasada, el Parlamento Europeo decidió desechar uno. Al votar para remitir el tan esperado acuerdo comercial con el bloque Mercosur al Tribunal de Justicia de la UE para un dictamen legal -un proceso que podría durar dos años-, los legisladores asestaron un duro golpe a la credibilidad de Europa en un momento en que la rapidez y la fiabilidad importan más que nunca.
Tras más de dos décadas de negociaciones, este acuerdo pretendía señalar que Europa aún podía actuar con decisión en un mundo de creciente competencia geopolítica. Como argumentó este mes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue la prueba definitiva de la relevancia continua de Europa en el escenario mundial. Ajeno a esto, la decisión del Parlamento refuerza la percepción de que el bloque no puede cumplir con ello, incluso cuando finalmente se alcanza un acuerdo.
Es, por cualquier medida razonable, un autogol estratégico.
Las consecuencias de esto van mucho más allá del comercio. Los gobiernos del Mercosur pasaron años negociando este acuerdo de libre comercio (ALC) de buena fe, navegando la vacilación de Europa, las demandas cambiantes y las señales políticas inconsistentes. Comprensiblemente, ahora están interpretando la remisión al tribunal como un movimiento político. Para los socios que ya están apostando en un panorama global cada vez más disputado, esto refuerza las dudas sobre si se puede confiar en Europa.
Mientras tanto, para Europa, el verdadero daño radica en una verdad más profunda que con demasiada frecuencia oculta: que su verdadero poder proviene de la capacidad de hacer tales acuerdos y luego implementarlos de forma seria, coherente y a gran escala.
El acuerdo UE-Mercosur no es solo otro acuerdo comercial. Se diseñó como un marco para una asociación económica, política y estratégica a largo plazo con una región donde la influencia de Europa ha ido erosionándose de forma constante. Ofrece un acceso integral al mercado en bienes y servicios, normas de inversión más claras, acceso a materiales críticos, diálogo político estructurado y un enfoque basado en la cooperación para gestionar disputas.
En conjunto, pretende anclar a Europa en Sudamérica en un momento en que otros, especialmente China, han avanzado más rápido y con menos restricciones. Y aunque ese nivel de ambición no ha desaparecido con la votación del Parlamento, se ha puesto en serio riesgo.
A lo largo de los años, gran parte de las críticas en torno al acuerdo Mercosur se han centrado en la sostenibilidad. De hecho, si finalmente se aprueba, esta será la prueba de fuego para determinar si la UE puede traducir sus valores en influencia. Y con ese fin, el acuerdo hace que un amplio conjunto de compromisos previamente voluntarios sea legalmente vinculante, incluyendo la implementación de los objetivos climáticos de París y el cumplimiento de convenios internacionales sobre derechos laborales, derechos humanos, biodiversidad y protección ambiental. Sin embargo, lo hace mediante la aplicación basada en el diálogo en lugar de la retirada automática ante el incumplimiento – un enfoque que refleja las realidades políticas tanto en Bruselas como en los países del Mercosur.
Esto ha decepcionado a quienes piden una regulación más estricta, pero pone de manifiesto una verdad incómoda: la influencia de Europa sobre los resultados de sostenibilidad no proviene de fingir que puede coaccionar a los socios para que cumplan, sino de un compromiso y cooperación sostenidos. Esa era una línea roja para los gobiernos del Mercosur, y sin ella no habría ningún acuerdo.
El novedoso “mecanismo de reequilibrio” del acuerdo se inscribe en esta lógica, ya que permite a los países del Mercosur suspender concesiones si futuras regulaciones imprevistas de la UE anulan efectivamente el acceso prometido al mercado. Los críticos temen que esta disposición pueda utilizarse para desafiar futuras medidas de sostenibilidad de la UE, pero los países del Mercosur la ven como una salvaguarda frente a una posible acción unilateral de la UE, como ejemplifica el Reglamento sobre la Deforestación. Además, en la práctica, estos mecanismos rara vez se utilizan. Además, su inclusión fue el precio de asegurar un protocolo adicional de sostenibilidad.
Lo más importante es que nada de esto se resolverá por retraso legal. Al contrario, el aplazamiento debilita la capacidad de Europa para influir en los resultados sobre el terreno. Investigaciones de los principales institutos climáticos de Brasil muestran que la ambiciosa implicación internacional fortalece las coaliciones nacionales proambientales al aumentar la transparencia, los recursos y el poder político. La ausencia, en cambio, crea espacio para actores con estándares mucho más bajos.
La misma lógica se aplica a la dimensión económica del acuerdo. La Comisión destaca acertadamente las cifras principales: miles de millones de euros en ahorros arancelarios, ampliación del acceso al mercado, acceso seguro a minerales críticos y crecimiento del comercio. Según un estudio reciente del Centro Europeo de Economía Política Internacional, cada mes de retraso representa 3.000 millones de euros en exportaciones perdidas.
Pero estas cifras importan menos que lo que hay debajo: Europa obtendrá todo esto mientras ofrece concesiones limitadas en sectores agrícolas sensibles; y los países del Mercosur tendrán acceso al mayor mercado único del mundo — pero solo si pueden cumplir con exigentes estándares regulatorios y medioambientales que podrían poner en riesgo la capacidad interna.
De nuevo, el verdadero poder reside en la implementación del acuerdo. Si se gestionan bien, tales presiones pueden impulsar la inversión, modernizar los estándares y reducir la dependencia de las exportaciones de materias primas, como han argumentado los think tanks latinoamericanos. Esta transición es precisamente lo que el paquete de inversión Global Gateway de la UE, de 1.800 millones de euros, fue diseñado para apoyar. Y retrasar el acuerdo también retrasa eso.
La decisión del Parlamento no es solo un revés procesal: perjudica la mayor fortaleza de Europa en un momento en que la vacilación tiene un coste real. También crea un dilema institucional inmediato para la Comisión. A pesar de la suspensión judicial, la Comisión es legalmente libre de aplicar el acuerdo de forma provisional, pero esta es una decisión difícil: aplicarlo y entrar en una tormenta de críticas por evitar controles democráticos que se volverán contraproducentes el día que el Parlamento finalmente vote el acuerdo; o aceptar un retraso de dos años y posponer los beneficios económicos del acuerdo, posiblemente indefinidamente, — los países del Mercosur no van a resistir para siempre.
Si quiere recuperarse, en los próximos meses Europa tendrá que hacer todo lo posible para demostrar tanto a sus socios del Mercosur como al resto del mundo que este retraso no equivale a un desenganche. Esto significa un diálogo político sostenido, compromisos creíbles en materia de inversión y cooperación —incluida la implementación de la Global Gateway— así como un plan claro para la implementación del acuerdo en el momento en que concluya este proceso legal.
Dos años es una eternidad en el clima geopolítico actual. Si Europa permite que este momento pase sin corregir el rumbo, los demás no esperarán. El acuerdo puede ser imperfecto, pero la irrelevancia es un destino mucho peor. Europa debe ser mucho más valiente a la hora de comunicar esa realidad — al mundo y, quizás con mayor urgencia, a su propio público.
***
(*) LOS AUTORES. Artículo de opinión y análisis de Dora Meredith y John Clarke.
Dora Meredith es la directora de ODI Europa. John Clarke es un antiguo negociador comercial senior de la Comisión Europea y ex jefe de la Delegación de la UE ante la OMC y la ONU. Es investigador en la Universidad de Maastricht y en la Royal Asiatic Society, y asesor comercial para asuntos públicos de Fipra.
El artículo original fue publicado en Politico, medio de comunicación europeo con sede en Bruselas (Bélgica).
Ene 26, 2026 | Opinión
El viaje a China que en febrero realizará el presidente Orsi, es una buena oportunidad que Uruguay no puede dejar pasar.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | El sábado 17 de enero el Mercosur y la Unión Europea (UE) firmaron el acuerdo que representa del 20% al 25% del PIB mundial e involucra a unos 800 millones de personas. Lamentablemente el Parlamento Europeo no nos dio tiempo para entender la dimensión de la noticia, pues rápidamente se encargó de poner el acuerdo en el congelador pasándolo al tribunal de justicia dejando a los cuatro países miembros del Mercosur y sus socios mirando cómo se esfumaba la comida de un plato ya servido y de aspecto apetitoso.
Los días pasaron, y en el Mercosur, lento de reflejos, continuamos olfateando el plato vacío. Bien vale citar -porque se aplica a Uruguay y a todo el bloque- una de las canciones del grupo de música pop “Meteoros” (Argentina) cuando dice: “No sabemos cómo hacer, ni por dónde empezar. Paralizados sin razón, cautivos de la confusión”.
Mientras tanto, Europa sí ha sabido reaccionar, y sin mucho aspaviento busca ahora ultimar un pacto con India por el cual ahorrará 4.000 millones de euros en aranceles y facilitará la exportación de productos agroalimentarios, entre ellos los lácteos.
En la Unión Europea valoran realmente sus exportaciones y conocen los desafíos comerciales y geopolíticos actuales, mientras que en el Mercosur seguimos sin saber qué hacer ni por donde empezar.
Hoy (lunes 26), la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, prevén participar en la India en el desfile del Día de la República que se celebra en Nueva Delhi con motivo del 77 aniversario de la independencia del país. La prensa europea ha destacado que el viaje no es casual, sino que forma parte de las negociaciones comerciales que el bloque e India mantienen desde 2007.
La Unión Europea espera que India abra su mercado al vino y los lácteos, mientras que el gobierno indio aspira llegar a Europa con textiles y productos agrícolas.
Mañana Von der Leyen y Costa, participarán en una cumbre en la que pretenden formalizar el paso más decisivo: confirmar que el “acuerdo de libre comercio se encuentran en la fase final”, dice un comunicado de la Comisión Europea.
Ese acuerdo comenzó a negociarse en el 2007 y se relanzó en el 2022.
De celebrarse, añade el comunicado, “crearía un mercado de 2.000 millones de personas, recortando 4.000 millones de euros en aranceles anuales para exportadores de todos los tamaños y garantizando el suministro de materiales y productos cruciales”.
Von der Leyen y Costa viajan liderando una delegación que también integran la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas y el comisario de Comercio, Maros Sefcovic.
ORSI VIAJARÁ A CHINA.
Mientras tanto, en los próximos días (3 al 7 de febrero) el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, viajará a China liderando una amplia delegación. El Mercosur y Uruguay parece comprender por fin, aunque tarde y después de haber desaprovechado varias oportunidades, la importancia de ser un país y un bloque abierto. La visita del mandatario a aquel país puede ser la clave para salir de ese estado de paralización y confusión.
Ene 23, 2026 | Opinión
Ambos países tienen enfoques opuestos respecto a las reservas de granos y cereales. Mientras que China prioriza la seguridad alimentaria con grandes acopios estratégicos, Estados Unidos apuesta y confía en el mercado y en la competitividad de su agricultura.
Montevideo | Todo El Campo | A fines de 2025 Todo El Campo informó sobre el acaparamiento de granos por parte de China, en una estrategia que busca evitar situaciones de escasez e incluso hambrunas que podrían generarse en un mundo en creciente tensión geopolítica, la cada vez más real amenaza de conflictos que proliferan en diversos puntos del planeta y la no menos cierta posibilidad de catástrofes ambientales que podrían dificultar y hasta cortar las cadenas de suministros globales.
En el referido artículo (cuyo enlace se publica al final*), se mencionó que China y Estados Unidos mantienen diferencias en su política sobre reservas de granos, tema sobre el cual se profundiza en la edición de hoy.
Efectivamente, China y Estados Unidos tienen enfoques opuestos respecto a las reservas de granos y cereales. Mientras que China prioriza la seguridad alimentaria con grandes acopios estratégicos, Estados Unidos apuesta y confía en el mercado y en la competitividad de su agricultura.
Aunque las diferencias de estrategias son claras, ambos países apuntan a lo mismo: asegurar la estabilidad alimentaria interna y la mejora económica de sus pueblos.
China posee altos niveles de reserva de trigo y maíz (más del 50% de las reservas mundiales son chinas), con el fin de lograr mayor independencia de las importaciones y de las fluctuaciones del mercado. Estados Unidos en cambio mantiene reservas estratégicas limitadas, con un fuerte protagonismo de la producción privada y de las exportaciones.
Por otra parte, China hace foco en las metas de producción (unos 700 millones de toneladas en 2025) procurando lo ya dicho en párrafos anteriores, reducir la dependencia externa. Estados Unidos, en cambio, acude a herramientas como el subsidio o los seguros agrícolas, sin metas nacionales de volumen.
Mientras China diversifica sus proveedores para no depender de ningún país en particular, Estados Unidos busca exportar masivamente su soja, maíz y trigo a mercados abiertos.
A pesar de las diferencias -y alguna similitud- en la estrategia, ambas potencias usan las reservas como una herramienta de presión comercial. Analistas señalan que ese accionar impacta directamente en países agroexportadores como Uruguay.
DATOS.
DE OCDE Y FAO.
Según datos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) sobre oferta y demanda de cereales, China acumula más del 50% de las reservas mundiales de trigo y maíz, como parte de su estrategia de seguridad alimentaria.
El documento Perspectivas Agrícolas 2025-2035 de OCDE-FAO proyecta que China seguirá aumentando sus reservas y producción, mientras que Estados Unidos mantendrá un enfoque más orientado al comercio internacional. (1) (2).
USDA, REPORTE SOBRE CHINA.
El Grain and Feed Annual 2025 del USDA indica que China produce cerca de 300 millones de toneladas de maíz y más de 140 millones de toneladas de trigo, con rotaciones de reservas nacionales cada 3 a 5 años.
Son reservas gestionadas directamente por el Estado, reforzando la política de autosuficiencia. (3) (4).
USDA, REPORTE SOBRE ESTADOS UNIDOS.
El Grain World Markets and Trade 2025 del USDA muestra que las reservas de Estados Unidos son mucho menores, alrededor de 60 millones de toneladas, y depende de su rol como principal exportador mundial de soja, maíz y trigo (5).
(*) Artículo de Todo El Campo: Más países almacenando grano. | Todo El Campo
REFERENCIAS.
Ene 22, 2026 | Opinión
La decisión del Parlamento Europeo implica varios mensajes negativos para el Mercosur, uno de ellos, aunque implícito, es claro: incluso un acuerdo cerrado puede ser reabierto o reinterpretado unilateralmente desde Europa.
Montevideo | Todo El Campo | El eventual envío del acuerdo Mercosur–Unión Europea al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por parte del Parlamento Europeo tendría consecuencias relevantes para el Mercosur, tanto en el plano político como económico e institucional. Más allá del resultado jurídico final, el solo hecho de judicializar el acuerdo introduce un cambio cualitativo en el escenario de negociación y en los tiempos de concreción.
NUEVAMENTE LA INCERTIDUMBRE.
En primer lugar, la consecuencia más inmediata es la extensión de la incertidumbre. El acuerdo ya arrastra más de dos décadas de negociación y varios años de bloqueo político. La intervención del TJUE implica plazos largos, técnicamente complejos y difíciles de anticipar. Para el Mercosur, esto significa que cualquier expectativa de entrada en vigor en el corto o incluso mediano plazo queda virtualmente descartada. La incertidumbre afecta decisiones de inversión, planes de expansión exportadora y estrategias de inserción internacional, especialmente en sectores que veían al acuerdo como una plataforma de acceso preferencial al mercado europeo.
ASIMETRÍA ENTRE BLOQUES.
En segundo término, se refuerza la asimetría de poder entre los bloques. El Mercosur queda, una vez más, en una posición pasiva frente a dinámicas internas europeas que no controla. El envío al TJUE suele responder a debates europeos sobre competencias, cláusulas ambientales, derechos laborales o mecanismos de resolución de disputas. Aunque estos temas son presentados como técnicos o jurídicos, para el Mercosur operan como condicionantes políticos exógenos. El mensaje implícito es claro: incluso un acuerdo cerrado puede ser reabierto o reinterpretado unilateralmente desde Europa.
PÉRDIDA DE LA ACTITUD REFORMISTA EN EL MERCOSUR.
Una tercera consecuencia es el debilitamiento del incentivo reformista dentro del Mercosur. El acuerdo con la UE fue utilizado durante años como argumento para promover convergencia regulatoria, modernización normativa y apertura gradual. Si el acuerdo entra en una fase judicial prolongada, ese “ancla externa” pierde credibilidad. Esto puede reforzar posiciones más defensivas o escépticas respecto de la apertura comercial, en especial en Argentina, y consolidar una lógica de acuerdos parciales o bilaterales por fuera del bloque.
EL MERCOSUR PIERDE ANTE SUS COMPETIDORES.
Desde el punto de vista económico-comercial, el impacto es también estratégico. La UE sigue siendo un socio clave para exportaciones agroindustriales, pero el retraso del acuerdo reduce la ventaja relativa del Mercosur frente a competidores que ya tienen tratados vigentes con Europa (Canadá, Japón, Vietnam, Chile). Cada año sin acuerdo consolida preferencias ajenas y erosiona el potencial beneficio arancelario para carnes, granos procesados, lácteos y biocombustibles.
RELEVANCIA DE LA AGENDA VERDE QUE PREDOMINA EN EUROPA.
Por último, el envío al TJUE refuerza la percepción de que la relación con la UE está crecientemente condicionada por la agenda verde europea. Para el Mercosur, esto implica que el debate ya no es solo comercial, sino geopolítico y normativo: sostenibilidad, deforestación, trazabilidad y estándares ambientales pasan a ser filtros estructurales. La consecuencia de fondo es que el Mercosur deberá decidir si adapta su estrategia de inserción a esos parámetros europeos o si diversifica de manera más agresiva hacia otros mercados y alianzas. En síntesis, la judicialización del acuerdo no implica su muerte automática, pero sí prolonga la indefinición, debilita los incentivos internos y obliga al Mercosur a replantear su estrategia externa en un contexto global cada vez más fragmentado.
Ene 17, 2026 | Opinión
Montevideo | Todo El Campo | El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) lleva adelante algunas estrategias para mejorar el déficit hídrico en el país. El subsecretario de la cartera, Ing. Agr. Marías Carámbula, reconoció que la faltante de agua “no es una excepción”, sino “un problema asociado al cambio climático”.
De acuerdo al subsecretario, los eventos de déficit hídrico son cada vez más frecuentes y afectan de forma directa la estabilidad productiva, “Hay que pensarlo como una política de Estado”, remarcó, y aseguró que la respuesta no puede limitarse a medidas de emergencia, sino que debe traducirse en inversiones sostenidas, coordinación institucional y articulación con las gremiales del sector.
Estrategia Nacional de Riego
Uno de los pilares de esta línea de trabajo es la Estrategia Nacional de Riego, coordinada por el exministro Tabaré Aguerre. Según adelantó Carámbula, en marzo se presentarán los primeros avances, con un enfoque centrado en riego a gran escala, agricultura de secano y arroz, aunque también se evalúan proyectos vinculados a ganadería y lechería.
“Ya hay iniciativas en curso y esta estrategia apunta a pensar el riego como una herramienta estructural”, explicó. El objetivo es ampliar la capacidad de respuesta del sistema productivo frente a escenarios climáticos adversos, generando infraestructura que permita sostener rendimientos y reducir la vulnerabilidad de los productores. En paralelo, el MGAP trabaja para que estas inversiones se complementen con otros instrumentos. Dentro de la propuesta presupuestal del Ministerio se incorporaron beneficios del régimen Comap, orientados a inversiones en riego, buscando incentivar la participación del sector privado y acelerar la adopción de tecnologías vinculadas al manejo del agua.
Producción familiar
El subsecretario destacó especialmente el rol de la Dirección General de Desarrollo Rural, que en diciembre lanzó una primera convocatoria de agua para la producción familiar, dirigida a productores ganaderos y lecheros. El programa contempla un aporte estatal significativo para la generación de fuentes de agua, con el objetivo de fortalecer la resiliencia de los sistemas productivos más vulnerables.
“Es una convocatoria que incorpora un componente grande de apoyo del Estado en términos económicos”, subrayó Carámbula. En esta primera etapa, el programa está previsto para 500 productores familiares, con la intención de escalarlo en la medida en que se consigan mayores recursos.
Las inversiones incluyen soluciones concretas como tajamares, represas, tanques australianos y sistemas de distribución. “A veces el problema no es solo la fuente, sino cómo se distribuye el agua”, explicó. El apoyo puede alcanzar hasta U$S 10.000 por productor, destinados específicamente a este tipo de obras.
Agenda granjera
La problemática del agua también atraviesa a la producción granjera. En ese sentido, Carámbula señaló que la Dirección General de la Granja culminó en 2025 un diagnóstico sobre las necesidades de riego en horticultura y fruticultura, que servirá como base para una primera convocatoria de agua en 2026 destinada a ese sector.
“La idea es amplificar estos programas y darles más escala”, afirmó, destacando que todas estas herramientas responden a una misma lógica: anticiparse a un contexto climático más exigente. Para el MGAP, el desafío no es eliminar el riesgo, sino amortiguar sus efectos mediante inversión, planificación y coordinación.
“Estas situaciones vinculadas al cambio climático son cada vez más frecuentes”, advirtió Carámbula, y concluyó que la respuesta debe ser colectiva, sostenida y estratégica, con el agua como eje central de la política agropecuaria del país.
