La pesca uruguaya exporta apenas US$ 90 millones cuando su potencial es de US$ 1.200. Es hora de animarse a ejecutar cambios estructurales y regulatorios.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | El año pasado, entrevistado por el semanario Crónicas Económicas, el consultor Carlos Mazal, dijo que el potencial de la industria pesquera uruguaya es de US$ 1.200 millones. También advirtió que “el gran escollo” del sector son los sindicatos.
“La pesca en Uruguay tiene un potencial en plena explotación de US$ 1.200 millones, porque en el rubro también hay recursos genéticos marinos. Uno va a una tienda de pesca en Japón y hay algas o 40 subproductos del mar que nosotros no explotamos. Tenemos 150 millas adicionales de zona económica exclusiva, que hacen que Uruguay tenga 350 millas. Esto es el doble de la superficie terrestre. Hay que ver la riqueza que existe allí, pero se exporta solo US$ 90 millones”, expresó.
Agregó que “hace 10 años” se exportaron “hasta US$ 500 millones”, por lo tanto el potencial de la pesca es real: “No se trata de un sueño, sino de algo a lo que se puede llegar”, dijo el especialista.
Las afirmaciones de Mazal nos llevan a la pregunta básica de qué debe hacer Uruguay para retener e impulsar la inversión pesquera.
Lo primero, algo que le cuesta mucho a Uruguay: ejecutar cambios, atreverse a hacerlos, y lo más complejo, es que se deben realizar en varios frentes estructurales y regulatorios.
Tal como publica Todo El Campo en esta misma edición (*), una empresa española se retira del país por los conflictos sindicales, problemas de inseguridad jurídica y trabas operativas que disminuyen la rentabilidad.
Son cuatro áreas críticas claramente determinadas, que afectan en este caso a la empresa que decidió marcharse, pero también a las que permanecen. Corregir esos puntos es clave para que no se sigan yendo y para que otras quieran venir a invertir, lo que nos llevaría a elevar la producción a todo el potencial posible y generar hasta US$ 1.200 millones que dijo el consultor.
Si lo logramos, las empresas no serán las única que ganen. Lo harán y está bien que así sea, pero también el país con la generación de puestos de trabajo y mayores exportaciones e ingreso de dinero a un país que no crece lo suficiente y cuyos recursos siempre son exiguos.
POR DÓNDE EMPEZAR.
1. Seguridad jurídica y estabilidad normativa: a) establecer reglas claras y duraderas para la explotación pesquera, evitando cambios abruptos en licencias, cuotas o regulaciones; y b) generar un marco legal que brinde confianza a los inversores extranjeros, con procedimientos transparentes en permisos y fiscalización.
2. Relaciones laborales y clima sindical: a) promover instancias de diálogo tripartito para reducir la conflictividad y que trabajar sea un derecho con sus obligaciones y no una herramienta de lucha político sindical; b) diseñar mecanismos de resolución rápida de conflictos para evitar paros prolongados que afectan la operativa de flotas y plantas.
3. Incentivos económicos y competitividad: a) si queremos que el puerto de Montevideo sea el más atractivo de la región, es importante analizar y corregir la carga impositiva y los costos; y b) facilitar acceso a financiamiento y programas de modernización tecnológica para flotas y plantas de procesamiento.
4. Infraestructura y servicios portuarios: a) mejorar la logística y los servicios; b) invertir en infraestructura portuaria que agilice operaciones de carga, descarga y exportación.
Para todo esto es necesario contar con la buena voluntad de las partes, con un sindicato desideologizado y comprometido con el trabajo y el cuidado de las fuentes laborales, y un gobierno y Ministerio de Trabajo con ideas y prioridades claras en cuanto a la defensa de los intereses del país, sin consideraciones políticas partidarias, y menos ideológicas.
Foto CIPU.

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