Director de Desarrollo del Banco Mundial propone que subsidios agropecuarios se destinen a políticas de lucha contra el cambio climático.
En el mundo, el total de los subsidios agrícolas y de otros rubros, implícitos y explícitos, suman más de US$ 7 billones anuales, el 8% de la economía mundial.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | Axel van Trotsenburg (foto), el director gerente sénior de Políticas de Desarrollo y Alianzas del Banco Mundial (BM), propuso que los subsidios que ahora se destinan a la agropecuaria, entre otros, sean destinados a la lucha contra el cambio climático.
La lucha contra el cambio climático obliga a los países a desembolsar millones de dólares, al punto que es una preocupación de muchos la forma en que se financiarán las acciones que esa campaña exige.
Trotsenburg escribió en Voces, uno de los blogs que posee el Banco Mundial, que los países más ricos se comprometieron en invertir por mes “al menos US$ 100.000 millones para ayudar a los países en desarrollo a adaptarse al cambio climático, invertir en energías renovables y lograr un desarrollo con bajas emisiones de carbono”, sin embargo, es un monto que aún no está claro de donde saldrá: “Conseguirlo es una tarea en curso”, agregó.
Pero el autor del artículo entiende que el mundo tiene “una manera de movilizar grandes sumas de dinero para el clima: los subsidios”, porque anualmente “el mundo destina enormes montos de dinero para subsidios a la agricultura, la pesca y los combustibles fósiles, a menudo ineficientes y perjudiciales para el medio ambiente. ¿De qué cantidad estamos hablando? Se trata de una cantidad gigantesca”, afirmó.
Pero esa no es una idea de un jerarca aislado, sino que el propio BM elaboró el informe Detox Development: Repurposing Environmentally Harmful Subsidies, en español: Desarrollo depurativo: Reorientación de los subsidios perjudiciales para el ambiente, en el cual “se plantea la oportunidad de reorientar” esas sumas que los países usan con otros fines. “Reorientar estas subvenciones podría liberar, como mínimo, medio billón de dólares anuales, una cantidad que se puede destinar a propósitos más productivos y sostenibles”, escribió Trotsenburg.
La reorientación de los subsidios a los combustibles fósiles y el gasto público directo en agricultura y pesca daría la posibilidad de obtener “una cifra de US$ 1,25 billones al año, aproximadamente el tamaño de una economía grande, como la de México”.
“También se deben incluir los subsidios implícitos” que “representan los efectos en las personas y en el planeta, como la contaminación, las emisiones de gases de efecto invernadero, la congestión vial y la destrucción de la naturaleza, que no son pagados por quienes los causan”, agregó, y resume: “Los subsidios implícitos y explícitos, en conjunto, suman más de US$ 7 billones anuales”, un total gigantesco que representa “el 8% de la economía mundial”. Una suma que según el citado funcionario del BM se malgasta porque termina causando “daños no deseados y socavan nuestros esfuerzos para combatir el cambio climático”.
EN AGRICULTURA EL SUBSIDIO GLOBAL SUPERA LOS US$ 635.000 MILLONES ANUALES.
Refiriéndose a la agricultura, Trotsenburg agregó que sus subsidios “superan los US$ 635.000 millones al año, conducen al uso excesivo de fertilizantes que deterioran el suelo y el agua, y perjudican la salud de los seres humanos. Las subvenciones destinadas a productos como la soja, el aceite de palma y la carne de vacuno provocan que los agricultores avancen sobre los límites de las zonas forestales, y son responsables del 14% de la pérdida de bosques cada año”.
La teoría dice que los subsidios deberían ayudar a una mayor productividad y respaldar los medios de subsistencia rurales, pero “en la práctica suelen producir el efecto contrario. Al distorsionar las decisiones sobre los cultivos y los insumos, los subsidios reducen la eficiencia, en otras palabras, conducen a que más insumos produzcan menos alimentos. Y dado que las subvenciones agrícolas suelen estar vinculadas a la producción, benefician en su mayoría a los agricultores más ricos”, razonó.
Cualquier paso que se en el sentido expresado por Trotsenburg, “no puede hacerse a expensas de los pobres”, y “la reforma debe implementarse en etapas” de modo tal que evite “grandes perturbaciones de los precios como consecuencia de la eliminación excepcional de los subsidios”. Eso “permitiría a los hogares y las empresas adaptarse gradualmente”.
El mensaje para los gobiernos es que “deben promover la aceptación pública a través de una comunicación transparente”, y es “especialmente necesario” hacerlo así porque hay un riesgo importante de que “grupos de interés poderosos intenten desbaratar las reformas, que es casi siempre el caso”.
NO ES EL CASO DE URUGUAY.
Trotsenburg no dice qué países subsidian la agropecuaria, pero ciertamente Uruguay no está en esa lista, por lo que su planteamiento podría ser beneficioso para nuestro país ya que eliminaría los beneficios que un productor europeo o estadounidense tiene frente a un uruguayo, y nos dejaría en inmejorables condiciones de competencia.
Pero la propuesta tiene una falla grave: aunque lo menciona no se detiene en que los subsidios de los países desarrollados son para evitar que quienes producen alimentos y por eso garantizan la seguridad alimentaria de los países, dejen el medio rural para mudarse a las ciudades.
¿Están los gobiernos y la ciudadanía en general dispuesta a correr el riesgo de perder la seguridad alimentaria y por tanto depender de otros países a cambio de destinar más dinero para el cuidado del medio ambiente en un programa que muchos ni siquiera sienten como propio sino una imposición de las Naciones Unidas?
Por otra parte, en su análisis, Trotsenburg da por hecho que el apoyo al agro es malgastar dinero en una actividad que “deteriora el suelo y el agua, y perjudica la salud de los seres humanos”, además de generar deforestación, una serie de señalamientos que no se deben generalizar para la agricultura mundial, poque aquí tampoco entra Uruguay. En lo que sí tiene razón e incluye a Uruguay es cuando afirma que la “destrucción de la naturaleza” y otros problemas “no son pagados por quienes los causan”. En este punto, ni siquiera debería incluirse a la agropecuaria en general, ya que son otras las ramas de actividad más contaminantes.