En Peralta y Cardozo Chico (Tacuarembó), ya son una escuela rural y seis las casas quemadas, en solo 10 días, por lo que no se entiende la pasividad policial.

Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | En los últimos días Uruguay pareció haber sido consumido por el caos. A los delitos “comunes”, agravados por la seguidilla de homicidios violentos, se sumaron las amenazas de bombas y los incendios en Peralta y Cardozo Chico, departamento de Tacuarembó.

Todo eso sin mencionar los ciberataques a la Dirección Nacional de Migración, al Ministerio de Desarrollo Social , la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) y Buquebus.

Hasta hace pocos años, los delitos más preocupantes para las autoridades y la sociedad eran las rapiñas y los arrebatos. En ellos los delincuentes exponían al máximo la violencia que eran capaces de ejercer sobre las víctimas.

A diferencia de hoy, los homicidios no eran cosa de todos los días, o al menos no tenían espectacularidad, y cuando ocurrían por lo general obedecían a razones circunstanciales.

Actualmente casi no se habla ni se informa sobre arrebatos, que ocurren y siguen lastimando a las personas por la agresividad que ejercen sus autores al momento de cometerlo, pero que ante el crecimiento de hechos de mayor envergadura, pasó a un tercer o cuarto plano en el interés y la preocupación social.

Las rapiñas, o sea el apoderamiento de una cosa mueble mediante el uso de violencia o amenazas, sigue siendo de los delitos más graves y preocupantes, pero es el homicidio el acapara toda la atención de la sociedad porque para operar sus autores van rompiendo sus propios límites en una escalada que parece no tener fin. Apelan a armas cada vez más letales -de guerra- y sin reparar el alcance de éstas las usan de forma cada vez más frecuente y de manera cada vez más indiscriminada llegando a lastimar o asesinar a personas inocentes, incluso niños. Lo que ejercen ya no es únicamente el homicidio, es el terror y el mensaje de poder para la sociedad.

A todo eso, en las últimas horas se sumaron las amenazas de bombas en centros comerciales y de estudios, hechos por los que ya hubo dos detenidos, un hombre y una mujer. El hombre resultó condenado a seis meses de libertad a prueba y la mujer deberá cumplir 45 días de prisión domiciliaria, mientras la investigación continúa y a la espera del fallo judicial definitivo.

Mientras estas dos personas declaraban en el juzgado, volvió a darse otra amenaza en la Facultad de Medicina. La Policía busca al tercer involucrado y se espera su pronta detención.

No menos inquietante es lo que sucede en Peralta y Cardozo Chico, Tacuarembó, con incendios a viviendas y escuelas, sin que haya respuestas claras por parte de la Policía y Fiscalía. En este caso el autor ha demostrado que cumple con sus amenazas, ya son una escuela rural y seis las casas quemadas, por lo que no se entiende la pasividad policial.

Los homicidios, las amenazas de bombas -ahora con la ubicación de personas involucradas-, y los incendios de Tacuarembó, son hechos que vulneran a la sociedad, la dejan expuesta a la actividad de los delincuentes que se mueven con comodidad en todo el país.

En contraste, el Estado parece débil, no da señales claras ni mensajes correctos, lo que alimenta la autoridad que los delincuentes quieren ejercer sobre el resto de los ciudadanos a base de miedo y terror.

Es fundamental que desde el Ministerio se comiencen a dar señales de fortaleza y determinación, eso es algo en lo que debemos estar todos juntos. La actitud es clave para lograr los objetivos planteados.

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