Uruguay debe debatir y tomar decisiones sobre la instalación de los parques solares para que no influyan en el desarrollo de emprendimientos económicos y productivos importantes.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | La decisión del Poder Ejecutivo de instalar un parque de paneles solares en Durazno, el pedido de reubicación del intendente Felipe Algorta para evitar arruinar un área de enorme potencial turístico y la decisión final del gobierno nacional de trasladar los paneles a Río Negro, no puede ser solo una anécdota y debe introducir al país en un debate sobre la localización de ese tipo de parques.
No hay objeciones ni dudas sobre la necesidad de producir energía limpia, pero en el esfuerzo para ese objetivo no se pueden causar daños a otras áreas productivas – económicas del país.
Colocar un parque solar en Baygorria hubiera sido nefasto en el sitio elegido por el Ejecutivo, donde el intendente Algorta tiene interés de desarrollar un polo turístico mucho más rico para la zona. Ese problema, nuevo en Uruguay, ya lo están viviendo países europeos. Hacia allá debemos mirar par no cometer los mismos errores.
EL CASO ESPAÑOL DEL CUAL APRENDER.
Desde hace unos años España es el líder europeo en la producción de energía eléctrica limpia y eso ha tenido un costo importante ya que muchas veces se instalan en tierras fértiles que podrían destinarse a la producción de alimentos.
Otro problema es que España produce tanta energía que en determinadas horas, cuando el sol brilla más, la sobreoferta hunde los precios a niveles no competitivos. Técnicos especializados ya analizan cómo revertir esa situación.
¿ES POSIBLE QUE LOS PANELES SOLARES AFECTEN LA PRODUCCIÓN?
A la pregunta de si es posible que los paneles solares afecten la producción, la respuesta es que sí. No es raro que los gobernantes tomen decisiones políticas sin analizar certeramente las consecuencias, como tampoco es de extrañar que en un mundo que condena los combustibles fósiles, cualquier iniciativa verde o de perfil ambiental sea considerada positiva sin mayor análisis. Esa falta de análisis es lo que puede causarnos problemas.
Ocurrió en Uruguay con el desencuentro generado entre el gobierno nacional y la Intendencia de Durazno, cuando aquel decidió de forma unilateral instalar un parque de paneles solares en Baygorria.
El problema se generó porque el lugar elegido para ese fin es un espacio de importantes posibilidades turísticas, lo que enriquecería esa zona del país y generaría oportunidades laborales a muchos compatriotas. Si el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) hubiera estudiado más en profundidad y dialogado con el intendente local, el mal momento se hubiera evitado con la relocalización a 500 metros, en un campo que el propio Algorta dijo que “es propiedad de UTE”, que está “llenos de chircas, y que perfectamente puede ser utilizado para ese fin” (*).
En este caso concreto la actividad afectada hubiera sido la turística, pero es probable que en algún momento ocurra una situación similar pero con perjuicio para la agricultura o la ganadería.
Por eso y para consecuencia negativas graves, es bueno observar qué está pasando en España.
En ese país, en 2030, habrá 100.000 hectáreas, en su mayoría en zonas fértiles y accesibles, destinadas a usos no agrarios, principalmente instalaciones fotovoltaicas, mientras que 2,32 millones de hectáreas están abandonadas y sin aprovechamiento. En la última década, España perdió más de medio millón de hectáreas de alto valor productivo en una tendencia de pérdida progresiva constante de suelo apto para la agricultura. Desde SOS Rural (un movimiento apartidista, autónomo y sin ánimo de lucro) se plantea generar instrumentos legales que prioricen los suelos degradados para instalar parques fotovoltaicos.
Hace unos días, Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural, presentó en el Senado español el VI estudio “Evolución de la percepción de los avances en la España rural”, elaborado por la Cátedra de Desarrollo Rural de Next Educación. Allí, ante los legisladores de todos los partidos expresó: “La destrucción del territorio rural avanza sin control por la falta de viabilidad de la agricultura y la ganadería que, víctimas de la asfixia normativa y de las decisiones políticas, están abocadas a la desaparición, poniendo en peligro la soberanía alimentaria de España” (**).
Ante tal realidad, Corbalán pidió a los legisladores que garanticen el futuro del campo, impulsando la protección y verificación legal de los suelos vivos y evitando las situaciones especulativas promovidas por intereses privados y públicos.
“Hacen falta de forma urgente instrumentos legales que regulen dónde sí y dónde no se pueden desarrollar usos no agrarios, como los megaproyectos solares, priorizándose sí o sí las superficies degradadas”, defendió.
En 2024 las zonas rurales generaron el 84% de la electricidad renovable del país en España, lo que equivale casi a la mitad de toda la producción de electricidad en todo el territorio. Ese dato esconde una transformación del territorio que, a diferencia del abandono agrario, es irreversible.
“Donde se instala una placa solar, olvidémonos de que ahí se pueda cultivar algo”, enfatizó Corbalán. (Algo parecido dijo Algorta en Durazno: de haberse instalado los paneles en Baygorria “no hubiese habido marcha atrás”, y “hubiese sido un crimen que afectaría definitivamente el futuro de la localidad).”
La vocera de SOS Rural también acusa al modelo de “erosionar la soberanía alimentaria, generar menos empleo, menos arraigo local y de provocar problemas serios de despoblación rural y desequilibrios en la balanza demográfica”.
En el Campo de Cartagena como en el norte de Jaén (***), cualquier ciudadano del mundo puede observar cómo se han destrozado superficies productivas del olivar tradicional. En su lugar ahora brillan gigantescas instalaciones fotovoltaicas.
No se propone abandonar la energía solar ni los parques fotovoltaicos ni mucho menos, sino generar diálogo entre todos los actores, para que redunde en beneficios para todos y no caer, por el legítimo entusiasmo de producir energía limpia, en decisiones de las que luego nos arrepentiremos, y serán las próximas generaciones las que deberán cargar con los costos.
Se instala una causa jurídica pionera en el país y en Europa. Las megaplantas solares, ofrecidas como amigables con el medio amiente, destruyen olivares y atentan contra la “huerta de Europa”.
Madrid, España | Todo El Campo | SOS Rural (plataforma española de defensa de la agricultura y del medio rural en general) lleva a cabo una ofensiva judicial contra las megaplantas solares que se instalan en suelos agrícolas.
La media es “una macrocausa jurídica pionera”, dijo SOS Rural, y se realiza en toda España con el fin de parar el despliegue “desordenado y especulativo” de proyectos fotovoltaicos sobre tierras agrícolas de alto valor productivo.
El discurso por las energías renovables ha llegado a un punto en que pone “en peligro” la soberanía alimentaria del país.
Para corregir esa situación fue que SOS Rural recogió 133.000 firmas en defensa de los olivos en el entorno de Lopera (Jaén), es una respuesta coordinada desde la sociedad civil.
Los activistas en defensa de la agricultura dijeron que la primera ofensiva legal se centrará en Lopera, donde se prevé la eliminación de unos 100.000 olivos, muchos de ellos centenarios (*).
La vocera de SOS Rural, Natalia Corbalán, denunció que las instalaciones de los paneles solares no solo se sitúan en zonas fértiles sin planificación territorial, sino que se están autorizando con criterios “torticeros” (injusto y sin ajustarse a la norma o la ley) para eludir controles ambientales.
NO SOLO ESPAÑA, TODA EUROPA.
La plataforma entiende e informa a la opinión pública, que “la expansión fotovoltaica amenaza la huerta de Europa”, por lo que el daño, generado en España no se limita únicamente a España: “La implantación de plantas solares fotovoltaicas en la Región de Murcia genera creciente preocupación entre los agricultores por la falta de planificación que respete el valor agrícola y ambiental”, .
SOS Rural denuncia que numerosos proyectos “se desarrollan sin una evaluación integral del potencial espacial ni una estrategia de ordenación territorial. Esta situación provoca la ocupación indiscriminada de terrenos fértiles y de gran valor económico y cultural, afectando especialmente a los agricultores de la ‘huerta de Europa’”.
Murcia es conocida como “la Huerta de Europa” debido a su extensa y fértil zona agrícola, la cual se beneficia de un avanzado sistema de riego desarrollado durante el periodo musulmán. Esa zona, regada por el río Segura y sus canales, produce una gran variedad de frutas, verduras y hortalizas que son exportadas a toda Europa.
Foto de portada: Jaén Hoy. Foto interior SOS Rural.
En nombre de la producción energética sostenible, se cortan y destruyen olivares para colocar paneles solares, arrasando con una riqueza histórica y productiva irrecuperable, además de formar parte de la identidad andaluza y española.
Andalucía, España | Todo El Campo | En España, la sociedad civil SOS Rural advirtió que el ánimo verde de ese país está “arrancando olivos centenarios para poner placas solares”, y para frenar ese despropósito comenzó una campaña de firmas con el objetivo de “proteger la agricultura, la ganadería y la pesca, así como el conjunto de la economía rural de España y Europa”.
“¡Salvemos los olivos centenarios de Lopera de ser talados para poner placas solares!”, dice la convocatoria. Lopera es una localidad ubicada en la provincia de Jaén, Andalucía.
La firma es en apoyo a la misiva abierta que se enviará al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (*).
En la carta se indica que son “miles” los “olivos centenarios en Lopera” que “están bajo amenaza inminente debido a varios megaproyectos fotovoltaicos autorizados por la Junta de Andalucía”.
Esos proyectos “pretenden arrancar entre 13.000 y 100.000 árboles históricos, poniendo en peligro el patrimonio ecológico, económico y cultural de toda una región”.
SOS Rural no está en contra de las energías renovable, pero entiende que la adopción de la misma debe hacer “de forma sostenible”, respetando el patrimonio natural y agrícola, y no a costa de destruir miles de olivos centenarios, fundamentales para el sustento de cientos de familias y la identidad del pueblo andaluz”.
Concretamente, el pedido de SOS Rural es que se “decrete la paralización inmediata de las talas de olivos en Lopera”; la aprobación de “una moratoria en la aplicación de la actual ley de expropiaciones de tierras de cultivo para instalar macroplantas fotovoltaicas”; instar a modificar la ley para que las macroplantas fotovoltaicas no se puedan instalar “en zonas agrícolas activas o productivas, buscando alternativas sostenibles que no destruyan nuestro patrimonio natural y económico”; y que se proceda a “reevaluar urgentemente el impacto medioambiental y socioeconómico” que representan los proyectos en desarrollo.
Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural ha sostenido que “el olivo es un símbolo nacional”, sin embargo, “Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, está siendo arrasados para instalar macroparques solares mientras importamos productos de dudosa calidad de fuera” de España. El aceite llega a España desde Túnez y los tomates de Marruecos, lo que define como una “rendición agrícola”, y enfatiza: La situación “no es transición ecológica, es ecocidio”.
2.000 AÑOS DE HISTORIA. DESDE LOS FENICIOS A LA ACTUALIDAD.
Aceites Aseal SLU, una empresa familiar dedicada a los olivos en Andalucía, explica en su página web el origen y las raíces del cultivo de olivo en Jaén.
Los primeros olivos llegaron gracias a “las colonias fenicias”. Esos olivos tuvieron “su origen en una de las almazaras más antiguas del mundo: Alepo, el corazón de la Siria actual. La introducción de los olivos en la península ibérica comienza por el Levante. Extendiéndose por la zona del Mediterráneo y penetrando en el sur de Andalucía, con Jaén y Córdoba como líderes en la producción del Aceite de Oliva en el Siglo I”.
Hace 2.000 años, “Jaén y Córdoba se convierten en los grandes proveedores de aceite para el Imperio Romano”; desde entonces y hasta hoy, “el aceite de oliva ha formado parte de la historia” de Jaén y Andalucía.
MIGUEL HERNÁNDEZ Y EL HIMNO DE ANDALUCÍA.
En 1937 el poeta español Miguel Hernández (1910-1942) escribió la poesía “Andaluces de Jaén”, el que se ha convertido en el himno oficial de la provincia de Jaén, aprobado por la Diputación en 2012. Ha sido interpretado por múltiples artistas españoles, entre ellos el grupo Jarcha o Paco Ibáñez (video) la interpretó en Uruguay con alguna adaptación.
