Sudamérica busca consolidar una voz propia que permita equilibrar los objetivos de sostenibilidad con la realidad productiva del continente.
Asunción, Paraguay | Todo El Campo | Las principales instituciones agroindustriales de Argentina, Brasil y Paraguay formalizaron una acción conjunta en rechazo al Reglamento (UE) 2023/1115 sobre productos libres de deforestación, una normativa que impone condiciones unilaterales y extraterritoriales, amenazando la competitividad exportadora del bloque sudamericano.
El pronunciamiento fue realizado en el marco del Espacio Parlamentario Agroindustrial Sudamericano (EPAS), y marca un hito en la articulación regional frente a políticas externas que impactan directamente sobre las economías rurales.
RECHAZO CONJUNTO AL REGLAMENTO EUROPEO.
El comunicado, inicialmente impulsado por entidades del agro de Argentina, Brasil y Paraguay, los tres países más expuestos a los efectos del EUDR (European Union Deforestation Regulation), expresa un rechazo categórico a la medida, señalando que fue aprobada sin consulta previa a los países productores y que vulnera principios básicos del comercio internacional.
Entre los principales cuestionamientos, las organizaciones firmantes destacan que el reglamento:
Es extraterritorial y unilateral, aprobada sin diálogo con los países afectados.
Resulta incompatible con el derecho internacional y con los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Contraviene acuerdos ambientales de la ONU al convertir políticas climáticas en barreras comerciales encubiertas.
Impone costos desproporcionados a productores y pymes rurales, afectando el desarrollo local.
Además, se objeta la clasificación de “riesgo estándar” aplicada por la UE a varios países sudamericanos, ya que se considera fue definida sin criterios científicos claros ni reconocimiento a los avances en materia de legislación forestal, trazabilidad y sostenibilidad productiva.
POSICIONES NACIONALES Y ARGUMENTOS TÉCNICOS.
Cada país aportó sus fundamentos para respaldar la posición conjunta.
Argentina reiteró su rechazo formal al EUDR desde el Poder Ejecutivo y el Congreso, destacando la solidez de sus sistemas de trazabilidad y proponiendo modelos de trazabilidad documental auditada como alternativa viable.
Brasil, a través del Instituto Pensar Agropecuária (IPA), impulsó la ley 15.122/2025, una norma de defensa soberana ante medidas internacionales que afecten la competitividad agroexportadora. Denunció, además, que el EUDR vulnera tratados internacionales y desconoce los avances del país en materia de sostenibilidad.
Paraguay, representado por la Unión de Gremios de la Producción (UGP), calificó el reglamento como discriminatorio y contrario al comercio internacional, resaltando que la norma ignora la legislación forestal vigente y genera inseguridad jurídica.
INTEGRACIÓN REGIONAL Y SOBERANÍA PRODUCTIVA.
La creación del EPAS representa una plataforma de coordinación política y técnica para el agro sudamericano, que integra a legisladores y entidades del sector agroindustrial de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay, consolidándose para fortalecer la integración y la defensa de la soberanía normativa de los países de la región.
Sudamérica busca consolidar una voz propia que permita equilibrar los objetivos de sostenibilidad con la realidad productiva del continente. Conscientes de que la transición global requiere cooperación, no imposiciones. Y el agro sudamericano está dispuesto a participar activamente en ese diálogo, pero desde el respeto a sus propias normas, capacidades y desafíos territoriales.
El comunicado fue suscrito por Ángeles Naveyra (Fundación Barbechando – Argentina), Tania Zanella (Instituto Pensar Agropecuária – Brasil) y Héctor Cristaldo (Unión de Gremios de la Producción – Paraguay).
LO QUE PLANTEA LA REGIÓN.
Rechazan el EUDR en su forma actual.
Exigen el reconocimiento de la equivalencia normativa de las legislaciones ambientales sudamericanas.
Advierten que la medida eleva costos, afecta la producción y genera impactos negativos en las economías rurales.
Reclaman su revisión integral bajo criterios técnicos, multilaterales y de cooperación internacional.
Reafirman que toda regulación global debe construirse con diálogo, transparencia y respeto a la soberanía nacional.
El plan propuesto retoma las prioridades comunes acordadas y propone una metodología colaborativa y progresiva, acompañada por instituciones regionales, nacionales y multilaterales.
Fuente: información aportada por la Unión de Gremios de la Producción (UGP) de Paraguay.
La Unión Europa calificó a Argentina como de riesgo “estándar” de deforestación, lo que causó molestias y fue pedida una revisión.
Buenos Aires, Argentina | Todo El Campo | El pasado 22 de mayo, la Comisión Europea, en el marco de su Reglamento de Deforestación (2023/1115) calificó a Argentina como país de riesgo “estándar” de deforestación, lo que causó molestias en el Gobierno de Javier Milei.
Las autoridades del país expresaron rechazo a lo que consideran una decisión injustificada, al entender que, de acuerdo con los tres criterios principales establecidos en el artículo 29 del mencionado reglamento, el país debe ser considerado de “riesgo bajo”.
En un comunicado oficial del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se señala que procurando un enfoque pragmático, y con el fin de evitar disrupciones a sus exportaciones a la Unión Europea (UE), tanto el Gobierno como el sector privado afectado por dicha norma, han trabajado en forma conjunta y constructiva con la Comisión Europea, las autoridades nacionales de Estados Miembros de la Unión Europea y con operadores comerciales europeos para que éstos puedan satisfacer las exigencias del Reglamento.
El Gobierno argentino, con la colaboración del sector privado, presentó a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea un informe sobre la situación de las cadenas de la soja, del sector vacuno y del sector forestal (los tres principales sectores afectados por el Reglamento), proveyendo información actualizada con datos fidedignos que respaldan la calificación de “riesgo bajo”.
Agrega que en la evaluación, llama la atención que los compromisos convenidos en materia de deforestación en el marco del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea -anunciado el 6 de diciembre de 2024- no hayan sido considerados a los fines de asignar el nivel de riesgo país.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía y la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería han comunicado formalmente su rechazo de la calificación a la Comisario de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva de la UE, solicitándole que la Comisión Europea reconsidere la calificación de la Argentina previo al 31 de diciembre de 2025, fecha de implementación del Reglamento, asignándole “riesgo bajo” de deforestación.
También se solicitó la apertura de un diálogo bilateral para abordar aspectos prácticos de su aplicación.
Finalmente, la República Argentina reitera que, desde el inicio del proceso regulatorio, ha manifestado de manera clara sus objeciones de fondo al enfoque unilateral de esta normativa, la cual representa una barrera injustificada al comercio internacional y es incompatible con los compromisos asumidos por la Unión Europea en el marco de la Organización Mundial del Comercio.
Uruguay cuenta con más de 40.000 productores y más de 20 plantas habilitadas para exportar a UE. Todos estos actores son alcanzados por esta solución, y no requiere que los productores ni frigoríficos realicen gestiones extras ni asuman nuevos costos.
Montevideo | Todo El Campo | La nueva norma, European Union Deforestation- Free Regulation (EUDR), tiene como objetivo que las empresas importadoras en la Unión Europea verifiquen que ciertos productos de origen agropecuario sean producidos en predios libres de deforestación.
Uruguay está listo y presentó la solución para el reglamento de UE sobre el tema.
La presentación de Uruguay fue realizada en una recepción organizada por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) para importadores y clientes de la Unión Europea.
La solución se basa en los sistemas de registros e información que Uruguay ha diseñado con el aval de Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el rol de INAC como articulador del sector privado y el público.
Uruguay está listo y presentó la solución para el reglamento de UE de producto libre de desforestación. La presentación fue realizada en una recepción organizada por INAC para importadores y clientes de la Unión Europea en Francia. #UruguayMeatshttps://t.co/Ne2QkXpATtpic.twitter.com/INmpQXU7O7
La plataforma hace foco en la producción de carne de vacuno y en otros productos alcanzados por el reglamento de la Unión Europea (cueros, soja y madera). Esta solución se beneficia de la inversión realizada por Uruguay desde hace 20 años en trazabilidad, registros de uso de tierra y área forestada. En base a estos sistemas se monitorea y conoce qué predios están libres de deforestación y dónde se encuentran.
La presentación fue realizada por el equipo de INAC, con la participación del gerente de Acceso a Mercados, Álvaro Pereira, la gerenta de Marketing, Josefina Valenti y la jefa de Estrategia, Ines Invernizzi.
Como anfitriones de esta recepción ante la cámara de importadores de diversos países de la UE y actores del sector privado, estuvieron el embajador de Uruguay ante la UE, Pablo Sader, el presidente de INAC, Conrado Ferber, los delegados de Junta, José Mesa y Eduardo Urgal, y el gerente de Estrategia e Innovación, Pablo Caputi, quienes acompañaron la presentación del equipo técnico del Instituto.
Los presentadores mostraron el sistema que es para toda la cadena y comentaron que Uruguay cuenta con más de 40.000 productores y más de 20 plantas habilitadas para exportar a Unión Europea. Todos estos actores son alcanzados por esta solución que no requiere que los productores ni frigoríficos realicen gestiones extras ni asuman nuevos costos.
Demostraron, asimismo, cómo se genera la documentación necesaria que le llegará al exportador para ser descargada y ser enviada al importador. Esa será la declaración de producción libre de deforestación, donde se declara que la mercadería fue producida bajo las exigencias de la reglamentación EUDR y cuenta con la firma de MGAP.
En el marco de SIAL París, Uruguay también presentará su primer informe anual de sustentabilidad.
Las implicaciones económicas serán especialmente notables para más de 120.000 explotaciones ganaderas y cerca de 300 empresas, en su mayoría pymes situadas en zonas rurales.
Madrid, España | Todo El Campo | El aplazamiento del reglamento de deforestación de la Unión Europea es una buena noticia para los países del Mercosur que había solicitado esa postergación en la fecha en que comenzaría a regir. Desde Uruguay se había pedido una postergación. Pero la medida es tan compleja que genera costos también para los países miembros de la Unión Europea, en el caso de España, son 158 millones de euros por año sólo en el sector cárnico.
El monto millonario implica un desafío y a pesar del reciente aplazamiento en la fecha de implementación, los requisitos adicionales para garantizar que los productos no provengan de tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020 se traducirán en un aumento de 23 céntimos por kilo de carne producida, según datos de Provacuno, informó Cárnica.
Con muy buena intención, la del cuidado del medio ambiente, la Unión Europea aprobó un reglamento que afecta directamente a la carne de vacuno y otros productos agrícolas como la soja, el cacao y el café. Sin embargo, las implicaciones económicas serán especialmente notables para más de 120.000 explotaciones ganaderas y cerca de 300 empresas, en su mayoría pymes situadas en zonas rurales, dice el sitio especializado en brindar información sobre el sector carnes.
La normativa exige sistemas de trazabilidad reforzados para garantizar que los productos no provienen de áreas deforestadas, lo que representa un reto importante para la industria, agrega y agrega que parte de la carne de vacuno que se consume en España proviene de la importación. Con esta nueva norma, los exportadores de carne deberán demostrar que sus productos no están vinculados a la deforestación, lo que implica cumplir con estrictos requisitos de trazabilidad. Esto incluye proporcionar evidencia de la cadena de suministro, desde la granja hasta el consumidor final, para asegurar que la producción no haya contribuido a la deforestación desde 2020 en adelante.
Además, los países exportadores de carne que no puedan cumplir con los estándares europeos podrían perder acceso al mercado de la UE, lo que llevaría a una reorientación de sus exportaciones hacia mercados con regulaciones menos estrictas.
APLAZAMIENTO DE LA APLICACIÓN HASTA 2025.
El objetivo del aplazamiento es ofrecer más tiempo a los operadores para adaptar sus cadenas de suministro y asegurar el cumplimiento de la normativa. De todas maneras, el reglamento ya está en vigor desde junio de 2023, pero su aplicación se ha pospuesto en un año. Si el Parlamento Europeo confirma la decisión, las obligaciones comenzarán el 30 de diciembre de 2025 para grandes operadores, y el 30 de junio de 2026 para micro y pequeñas empresas.
Por Uruguay participó una delegación liderada por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos.
Montevideo | Todo El Campo | En la Expo Palermo que se realizó en Argentina y finalizó el domingo pasado (28 de julio) se reunió el Consejo Agropecuario del Sur (CAS) que Uruguay integra junto a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay, oportunidad en que suscribieron una declaración en la que piden a la Comisión Europea postergar la implementación del Reglamento 1115/2023 de la Unión Europea que comenzará a regir el 30 de diciembre.
Por Uruguay participó una delegación liderada por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos.
Uno de los temas centrales tratado por CAS fue la pronta puesta en funcionamiento del Reglamento 1115/2023 sobre deforestación que exige cadenas libres de deforestación para habilitar las exportaciones con ese destino.
Los firmantes aseguran en la región se adoptan buenas prácticas de producción agrícola y tecnologías para mejorar la producción agroindustrial.
Advirtieron que si el Reglamento 1115 entra en vigencia sin una discusión más amplia, puede impactar negativamente en el comercio agroalimentario y afectar particularmente a los pequeños y medianos productores de los países de la región.
INCREMENTO DEL PROTECCIONISMO.
Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina y presidente pro tempore del CAS dijo que “el crecimiento de las regulaciones al comercio agroalimentario marca un incremento del proteccionismo. Son temas que trascienden las fronteras nacionales y requieren un abordaje regional. Estamos plenamente convencidos de que nuestros sistemas de producción están llamados a ser parte de la solución a los desafíos que enfrenta la humanidad”.
El ministro Fernando Mattos agregó que los países del CAS juegan un rol fundamental para el futuro de un mundo que busca asegurar la provisión de alimentos. “Los desafíos productivos dependen mucho de la investigación y la innovación y eso es lo que hay que poner en primer plano”, consideró.
En la declaración firmada por los ministros, estos advirtieron que la complejidad y los costos de los mecanismos del Reglamento sobre Deforestación podrían excluir a los pequeños productores de las cadenas de valor.
También señalaron que la clasificación de riesgo de deforestación y degradación forestal de países que prevé realizar la Comisión Europea podría ser incompatible con las obligaciones asumidas ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Con datos del Ministerio de Ganadería de Argentina y comunicado de IICA.
