Parte de dinero que los productores aportan con el pago de sus impuestos, Europa los vuelca a ONGs radicales que realizan un activismo ideológico contrario a la agropecuaria.
Montevideo | Todo El Campo | En medio del debate sobre la pertinencia de llegar a un tratado de libre comercio con el Mercosur, donde los productos agropecuarios tienen un capítulo protagónico, la Unión Europea es interpelada sobre su apoyo financiero a grupos que bajo la bandera del cuidado ambiental, militan activamente en contra de la producción agropecuaria.
En Europa, desde hace mucho tiempo, el sector productor agrícola y ganadero sufre embestidas de variado tipo (publicitario, político, etc.) con el fin de mostrarlo ante la opinión pública como un enemigo ambiental, en lugar del productor de alimentos y materias primas fundamentales, que entre otras cosas garantiza la seguridad alimentaria de la población, como ocurrió durante la última pandemia y que todos recordamos.
“ES LEGAL Y MORALMENTE INACEPTABLE”.
Recientemente, algunos medios europeos denunciaron el apoyo financiero que la Comisión Europea ha dado a organizaciones ecologistas contrarias a la ganadería. El escritor, divulgador sobre asuntos alimenticos y veterinario español, Juan Pascual, señaló que esa práctica es “legal y moralmente inaceptable”.
En la cuenta de X (@JuanPascual4), Pascual escribió que las organizaciones “ecologistas radicales, muchas de ellas contrarias a la ganadería” reciben fondos de todos los europeos “bajo el pretexto de la ‘acción climática’. Sin embargo, parte significativa de estos recursos se emplean para influir en la opinión pública”.
“Según el Tribunal de Cuentas Europeo, la financiación de estas ONGs carece de transparencia y mecanismos de control adecuados”, además de que en muchos casos “se desconoce el destino final de los fondos y los criterios de adjudicación”.
Es un problema institucional o político, pero no solo eso: “La acción de estas ONGs financiadas por Bruselas tiene un impacto directo sobre el sector primario europeo, la agricultura y la ganadería”, promoviendo “regulaciones extremadamente restrictivas que afectan la producción agrícola, imponen trabas burocráticas y fomentan políticas que perjudican la competitividad del campo europeo”, advirtió.
El resultado es la “asfixia” de las explotaciones agropecuarias, debido a una “legislación cada vez más ideologizada, impulsada por grupos activistas que no responden ni al interés general ni al conocimiento técnico del sector”.
Y mientras el productor europeo se asfixia, “Europa incrementa sus importaciones de productos agrícolas de países con normativas ambientales mucho más laxas, lo que además de hipócrita, resulta profundamente injusto para los productores europeos”, enfatizó, además de que se da una paradoja absurda e ilógica: “La financiación pública de estos movimientos supone una doble agresión” al utilizar “los impuestos de agricultores y ganaderos para financiar a quienes los desacreditan, los acusan y condicionan negativamente su actividad”.
La falla es legal como moral. Legal, porque “la Comisión (Europea) no debería actuar como una plataforma de financiación partidista encubierta”, y moral porque “se creó una red de organizaciones que dependen de fondos públicos para sostener una militancia constante contra sectores legítimos y fundamentales de la economía europea”.
Pascual concluye indicando que “Europa necesita una política ambiental racional, basada en datos y en el diálogo con el sector primario, no en la imposición ideológica promovida con dinero público desde Bruselas”.
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