En lugar de fomentar, la estrategia de los diputados firmantes del proyecto es reglamentar para limitar o prohibir con el argumento de impulsar o preservar lo que creen que es bueno.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | Existe la tentación muy humana de querer fomentar determinadas cosas buenas con medidas que acaban siendo reduccionistas, restrictivas, prohibitivas o hasta destructivas de otras que no necesariamente son malas pero que se cree que tendrían alguna afectación sobre aquello que se quiere cuidar.
Para decirlo más claro: se apela a la reglamentar para limitar o prohibir con el argumento de impulsar o preservar lo que creemos que es bueno.
Lo estamos viendo en lo local con el proyecto de ley que se está estudiando y debatiendo en la Cámara de Diputados, y que busca proteger el campo natural.
El error no es querer cuidar y preservar el campo natural, sino la forma elegida para hacerlo. No hay una sola institución ni persona física que sabiendo qué es el campo natural, no considere importante conservarlo. Eso está fuera de toda discusión y por eso a lo largo de los años ese bien ha ocupado un lugar privilegiado, en especial a partir de la toma de conciencia sobre su importancia.
El problema es que con ese fin tan loable se pretenda recorrer un camino que perjudica a otros sectores o actores del medio rural y que son fundamentales para el desarrollo y la economía del país. Así lo han advertido diferentes gremiales y actores de la actividad productiva.
A la producción hay que fomentarla, empujarla hacia adelante, no restringirla.
Nos arriesgamos a que mañana, desde alguna oficina instalada en el centro de alguna ciudad, lejos del campo y por personas lejanas a él o que no lo entienden, decidan que determinada forma de producir es negativa o perjudicial para el campo natural y limiten la libre actividad empresarial de un agricultor, ganadero, granjero o productor lechero.
Los impulsores del proyecto de ley se han apurado a decir que eso no es lo que se busca y que se está lejos de ese extremo, y seguramente es así. Pero si la ley se aprueba se presta para eso, y quizá en el futuro los gobernantes de turno o los burócratas del momento piensen de otra manera y apliquen la ley con criterios diferentes a los que se redactó, porque deja las puertas abiertas a que eso suceda.
LA “PARTICIPACIÓN SOCIAL”.
Y no solo gobernantes y burócratas, también algún colectivo social. Y menciono especialmente el “colectivo social” porque el proyecto establece, en el artículo 5° la “participación social”, la que será “promovida”, entre otras cosas en la “definición de prioridades para la conservación y preservación del campo natural” según la ley 17.283, artículo 6, literal D.
Pues bien, el artículo 6/D de la ley 17.283 expresa textualmente: “La protección del ambiente constituye un compromiso que atañe al conjunto de la sociedad, por lo que las personas y las organizaciones representativas tienen el derecho-deber de participar en ese proceso”.
Para que se entienda, lo del título: si el proyecto se aprueba, promoverá la participación de personas e instituciones (y esto podría incluiría a personas e instituciones ajenas al tema) para diseñar políticas y definir prioridades.
Tal vez, lo más sabio sea legislar generando incentivos para que cada productor cuide -más de lo que lo hace ahora- el campo natural, y sepa que al hacerlo logra beneficios extras para su emprendimiento.
El premio logra y gana más que la limitación, prohibición, reglamentación y un sin número de herramientas burocráticas que al Uruguay le gusta tanto.
Nota al margen y que puede servir de inspiración: Paraguay presentó el programa Sello Verde que reconoce las prácticas productivas sostenibles. Si Paraguay puede hacerlo, Uruguay también. (Ver: Paraguay propone un Sello Verde para promover la producción sostenible. – Todo El Campo).
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