20 de Octubre de 2018
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Política 08 de Octubre de 2018

Lo que está en discusión es quién manda

Castellanos dijo que “el sueño de todo empresario es que de las puertas para adentro de su empresa manda él solo, como si esta fuera una extensión de su casa”.

Política 08 de Octubre de 2018

Lo que está en discusión es quién manda

Castellanos dijo que “el sueño de todo empresario es que de las puertas para adentro de su empresa manda él solo, como si esta fuera una extensión de su casa”.

Dr. Ope Pasquet* – Montevideo – TodoElCampo – El pasado viernes 28 de setiembre debía inaugurarse un servicio de transporte ferroviario entre Montevideo y Empalme Olmos. A la hora señalada para la partida del primer tren, y cuando ya se encontraba en el lugar la Vicepresidente de la República en ejercicio de la Presidencia, Sra. Luicía Topolansky, se supo que un paro sorpresivo dispuesto por el sindicato de los trabajadores de AFE frustraba la anunciada inauguración y obligaba a cancelar el acto. Minutos después el presidente del directorio de AFE, Sr. Wilfredo López, decía a los periodistas presentes que en lo que va del año la empresa ha dejado de transportar más de 422 mil toneladas de carga y ha dejado de cobrar unos 3 millones de dólares, como consecuencia de diversas medidas adoptadas por el sindicato.

Por estos días, también, la prensa informó que la empresa coreana Hyundai, que está en juicio contra la UTE y le reclama por diversos conceptos más de 300 millones de dólares, alega en su demanda que de los 917 días de trabajo que insumió la construcción de la central eléctrica de Punta del Tigre, en 340 se sufrieron medidas sindicales disruptivas que retrasaron la ejecución de la obra.

 Adeom Montevideo no estuvo en los titulares en las últimas semanas, pero los acaparó varias veces en este y otros años por sus enfrentamientos con el Intendente Martínez, a quien logró exasperar e incluso distraer de su permanente campaña electoral. En alguna oportunidad, la basura que no levantaron los funcionarios municipales en conflicto acabó siendo recogida por efectivos del Ejército, para evitarnos riesgos sanitarios a los montevideanos.

No es preciso señalar, porque es notorio, que todos los años se pierden días de clase en la enseñanza media como consecuencia de medidas gremiales que responden a diversas causas: demandas presupuestales, protestas por el estado de los locales al comienzo del año lectivo, intentos (siempre fracasados) del Consejo de Enseñanza Secundaria por cambiar el régimen de elección de horas docentes, etc. La novedad, este año, fue que se ocupó un liceo para evitar la realización de las pruebas PISA. Un pequeño grupo de docentes decidió, por sí y ante sí, que no es conveniente la realización de esas pruebas, así que, de hecho, impidió que se hicieran en el liceo donde ellos cumplen funciones. Lejos de indignarse por el flagrante desconocimiento de su autoridad, algún jerarca de Secundaria comentó, resignadamente, que las pruebas se harán, pero en otro momento.

Los conflictos no se limitan al ámbito público, obviamente. La ocupación del frigorífico Las Moras ya dio mucho que hablar y no es preciso abundar al respecto. En Conaprole hay una pulseada permanente entre el sindicato y la empresa, que de hecho se ve impedida por aquél de despedir aun a los empleados que son procesados por la Justicia penal por hurtar bienes del empleador (¡el colmo!), que debe tomar personal para llenar las plazas que quedan vacantes aunque no necesite hacerlo, porque así lo exige el sindicato, y que ni siquiera puede organizar el trabajo de manera de suplir a los trabajadores ausentes, sin que eso produzca otro enfrentamiento con el sindicato.

Para entender lo que está pasando, hay que tener en cuenta lo que dice el veterano dirigente sindical Milton Castellanos, actual director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. En entrevista publicada por Búsqueda el pasado jueves 20 de setiembre, Castellanos dijo que “el sueño de todo empresario es que de las puertas para adentro de su empresa manda él solo, como si esta fuera una extensión de su casa”. A esa concepción, el director del Instituto Cuesta Duarte opone la suya, según la cual “la empresa es un bien social, no es sólo un bien privado del patrón. Es un bien social que marca la forma en que la sociedad se organiza”.

Lo que el director del Instituto Cuesta Duarte está diciendo, en buen romance, es que el mando de la empresa debe compartirse entre el empresario y los trabajadores. Si partimos de esta base, se explican muchas de las situaciones a las que hacíamos referencia más arriba, tanto en el sector privado como en el público. El problema es que esa base, es decir, la idea de que los trabajadores, por el hecho de serlo, tienen derecho a codirigir el trabajo que realizan, está reñida con el sistema político y económico que ordena nuestra convivencia (y, en general, el de las naciones de Occidente).

Nuestro régimen político es la democracia representativa, y nuestro régimen económico es el capitalismo. Por lo tanto, en el ámbito público mandan los gobernantes elegidos por la nación soberana y los funcionarios designados por ellos conforme a la Constitución y a las leyes; y en el ámbito privado manda el dueño del medio de producción, por sí o por medio del personal que contrate para la tarea. Ni los gobernantes ni los empresarios pueden hacer lo que se les antoje, y en esto tiene razón Castellanos; unos y otros deben actuar conforme a derecho (y el derecho no es sólo la ley, sino también los contratos y los convenios colectivos). Pero unos y otros, gobernantes y empresarios, son los titulares legítimos de la autoridad en sus respectivos campos de actuación; la ley le pone límites a esa autoridad y regula su ejercicio, pero no obliga a sus titulares a compartirla con otros.

Si se quiere imponer una suerte de cogestión por las vías de hecho, el resultado no puede ser bueno. En primer lugar, porque se viola el derecho vigente y ese es siempre un mal comienzo. Y además, porque el sentido común indica que ni los servicios públicos ni las empresas pueden funcionar bien si los jerarcas o los empresarios deben negociar cada decisión con el respectivo sindicato.

Otro elemento a tener en cuenta para entender lo que ocurre es que el sindicalismo uruguayo sigue embanderado con la doctrina de la lucha de clases y mira las relaciones laborales desde esa perspectiva. Si se cree que “la propiedad es un robo”, que el Estado es un instrumento de dominación de una clase sobre otras, que el empresario es un enemigo de clase y que la relación laboral es siempre y fatalmente una forma de explotación ilegítima e injusta, se hace difícil pensar que, además de intereses contrapuestos, empresarios y trabajadores puedan tener algún interés común que justifique una relación de cooperación de buena fe entre ellos. Ese interés debiera ser el de la prosperidad de la empresa, sin la cual no puede haber ni beneficio para unos ni buenos salarios para otros. Debiera ser, pero muchas veces no es, y lo que se ve -en Conaprole, para citar un caso paradigmático- es una conflictividad ciega que más que sacar provecho de la gallina de los huevos de oro -como lo hace inteligentemente la FOEB, por ejemplo-, parece querer retorcerle el pescuezo.

Si hubiera que elegir una imagen para representar lo que piensa la dirigencia sindical uruguaya, esa sería la de Marcelo Abdala abrazando a Nicolás Maduro, el dictador venezolano, y saludándolo efusivamente “en nombre del pueblo uruguayo”. El chavismo y el “socialismo del siglo XXI” son las más recientes referencias ideológicas de la cúpula del PIT-CNT, pese a que Venezuela está en ruinas, a que su pueblo pasa hambre y a que el éxodo de los venezolanos que huyen de la miseria, la inseguridad y los atropellos del régimen está conmoviendo a América.

Mientras una pequeña fracción de esos venezolanos que abandonan su patria llega a la nuestra -y bienvenidos sean, por cierto-, vuelve a haber uruguayos que se van, en pos de las oportunidades que aquí no encuentran. Algunos buscan trabajo, simplemente; otros quieren mejorar y obtener un retorno mayor por el esfuerzo que aquí apenas les alcanza para ir tirando. Los uruguayos se están yendo otra vez y no es difícil entenderlos. En el último año se perdieron más de 40.000 puestos de trabajo. La inversión cae, y sin inversión no se ve cómo pueda haber crecimiento, ni recuperación del empleo. La situación de nuestros grandes vecinos tampoco induce al optimismo.

¿Alguien puede creer que el estado de las relaciones laborales en el Uruguay contribuye a atraer a los inversores? Cuesta imaginar una respuesta afirmativa. Lo que sucede es lo contrario. Cuando aparece un inversor importante, como UPM, le exige al gobierno garantías de paz laboral con las que los empresarios uruguayos ciertamente no cuentan.

Una economía próspera, con empleo abundante y de calidad, no puede coexistir con un sindicalismo sesentista que le disputa al empresario el poder de dirigir la empresa.

Si nos vamos a resignar a no tener una economía próspera, con empleo abundante y de calidad, resignémonos también a seguir yendo al aeropuerto a despedir a nuestros hijos.

(*) El Dr. Ope Pasquet es diputado del Partido Colorado. Uno de los exponentes más característicos del batllismo, actualmente adhiere a la precandidatura de Ernesto Talvi, agrupación Ciudadanos.

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