26 de abril de 2017
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Economía 24 de enero de 2017

Todo lo que tenés que saber sobre las modificaciones al Secreto Bancario

Cr. María Pía Biestro: A continuación trataremos brevemente los puntos centrales establecidos en la Ley de Transparencia Fiscal sobre el secreto bancario, respecto al intercambio de información y sus características.

Cr. María Pía Biestro-Montevideo-MPB(*)-TodoElCampo – Las modificaciones propuestas en la Ley de Transparencia Fiscal  respecto al secreto bancario responden al compromiso asumido por Uruguay de adoptar los estándares internacionales referidos al intercambio automático de información financiera.

A continuación trataremos brevemente  los puntos centrales establecidos en dicha Ley, respecto al intercambio de información y sus características.

ENTIDADES FINANCIERAS:

Están obligadas a remitir información las siguientes entidades:

1.Aquellas que realicen actividad de intermediación financiera, es decir, las entidades bancarias reguladas por el Decreto Ley 15.322  que realizan la actividad de intermediación, es decir, que reciben o adquieren para luego volver a trasmitir.

2.Entidades que realicen actividad de custodia o de inversión por cuenta y orden de terceros, aun cuando no estén bajo la supervisión del BCU.

3.Las entidades de seguros, por los contratos de seguro que establezcan reconocimiento de componente de ahorro en la cuenta individual, y los contratos de renta vitalicia.

Son objeto de la obligación las referidas entidades que sean residentes en la República  y las sucursales situadas en el país de entidades financieras no residentes.

¿QUÉ INFORMACIÓN DEBE REPORTARSE?

El intercambio incluye la siguiente información:

1.Saldo o valor de la cuenta al cierre del año civil, así como su promedio anual durante el referido año,  o señalar si la cuenta fue cerrada en el transcurso del año civil.

2.Total ganancia o rendimiento generado por el saldo o valor en cuenta y por activos financieros en custodia o en inversión por cuenta y orden de terceros, cualquiera sea su naturaleza o denominación. Se considera cuenta financiera los títulos de deuda o participación en fideicomisos o fondos de inversión, y estarán también sujetos a reporte.

Es importante destacar que se mantiene la necesidad de autorización judicial para la obtención de información sobre movimientos específicos de una cuenta determinada.

Las entidades financieras deberán identificar aquellas cuentas mantenidas en su institución cuyos titulares sean personas físicas, jurídicas u otras entidades que configuren residencia fiscal en otro país o jurisdicción, así como también estará obligadas a remitir la misma información detallada anteriormente sobre cuentas mantenidas por personas físicas, jurídicas y otras entidades residentes en territorio nacional.

En aquellos casos en los que los titulares de cuentas  sean considerados de alto riesgo fiscal según criterios que establezca el Poder Ejecutivo, se deberá incluir adicionalmente información sobre el beneficiario final. Particularmente se consideran como de alto riesgo fiscal aquellas entidades no financieras pasivas, entendiéndose  por éstas,  aquellas cuyos ingresos correspondientes a rentas pasivas superen el 50 % de los ingresos brutos o más del 50 % de sus activos generen rentas pasivas.

La Ley de Transparencia Fiscal delega en el Poder Ejecutivo, la potestad de excluir en la información a ser remitida por las entidades financieras, a aquellas cuentas que resulten de bajo riesgo fiscal en atención a su naturaleza y monto.

Según lo expresado por el MEF, el Poder Ejecutivo definió que el monto a partir del cual se deberá informar a la DGI  será de U$S 50.000 para residentes, ya sean personas físicas o jurídicas.

Sin embargo, para los no residentes, se respetará el estándar de la OCDE. Más de U$S 250.000 para cuentas a nombre de personas jurídicas y más de U$S 1.000.000 en el caso de personas físicas. Esos montos regirán el primer año, pero desde 2018 se deberán informar todos los depósitos de extranjeros sin importar el monto. Mientras tanto, el valor límite de reporte para los residentes será evaluado por el gobierno luego del primer año de aplicación.

El envío de información automático será válido para aquellos años civiles posteriores a la vigencia de la ley, incluido el año 2017.

SANCIONES APLICABLES:

1.Omisión de informar: Multas de hasta mil veces el valor máximo de la multa establecida por Contravención (U$S 210.000 aproximadamente).

2.Remisión incompleta o inexacta, o fuera de plazo, o incumplimiento de los procedimientos de debida diligencia: Será sancionado según la gravedad por observación, apercibimiento o multa de hasta mil veces el valor máximo de la multa establecida por contravención.

USO DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA:

La información podrá ser utilizada por la DGI para el cumplimiento de sus cometidos, y en el intercambio de información en el marco de acuerdos o  convenios internacionales que aseguren reciprocidad y confidencialidad.

La información será secreta y el funcionario infidente será sancionado con la pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría (la misma sanción que la establecida para el actual secreto bancario).

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(*) LA AUTORA. María Pía Biestro es contadora pública egresada de la Universidad Católica del Uruguay y miembro del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU) y del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios (IUET).

Se puede acceder a sus trabajos a través de la web www.mpb.uy

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