28 de abril de 2017
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Actualidad 23 de setiembre de 2016

La CNFR trabaja en la regulación de las sociedades de fomento rural

De acuerdo a lo difundido por la CNFR el objetivo es solucionar problemas que se han originado en los últimos años con relación a la Ley 14.330.

Montevideo/TodoElCampo – En el marco de las actividades resueltas por la Mesa Ejecutiva de la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) la institución está trabajando en la regulación de las Sociedades de Fomento Rural (SFR).

En ese marco de actividades se están realizando reuniones y encuentros con parlamentarios y jerarcas de otros organismos.

De acuerdo a lo difundido por la CNFR el objetivo es “solucionar problemas que se han originado en los últimos años con relación a la Ley 14.330”.

“La entrada en vigencia de la ley de Producción Agropecuaria Familiar y Pesca Artesanal, supone interesantes oportunidades para que muchas familias rurales por medio de sus organizaciones locales puedan venderle al Estado”, agrega.

Sin embargo  un informe de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE) negó esa posibilidad argumentando que las SFR “no tienen el marco legal adecuado”.

Además de reunirse con legisladores, también ha habido encuentros con jerarcas de la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), con autoridades del Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP) y próximamente con la Comisión de Ganadería de Cámara de Senadores.

“El objetivo final, es que se apruebe una ley que modifique la 14.330, que data del año 1974, y deje a las SFR en un plano legal adecuado a las realidades actuales y con proyección de futuro”, expresó la CNFR.

Mientras tanto “se sigue procurando alguna solución paliativa a nivel del Poder Ejecutivo, que logre destrabar la situación en la que se encuentran las SFRs, sobre todo a partir del informe elaborado por la ACCE, y que éstas organizaciones presentes en todo nuestro territorio, puedan oficiar como herramienta para que los productores familiares puedan acceder a la prioridad de mercado de las compras del Estado, según lo establece la Ley 19.292”, expresa el comunicado.

Así se evita que las familias rurales deban generar nuevas formas jurídicas, con los gastos que esto implica.

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