14 de Julio de 2020
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Política 30 de Diciembre de 2019

El Estado perdió U$S 200 millones con proyecto inconcluso de Regasificadora - Gas Sayago

Diputado Pablo Abdala (Partido Nacional): “OAS no pagó a ninguna subcontratada y ahora Estado uruguayo, que salió como garante soberano, afronta todos los juicios”.

Política 30 de Diciembre de 2019

El Estado perdió U$S 200 millones con proyecto inconcluso de Regasificadora - Gas Sayago

Diputado Pablo Abdala (Partido Nacional): “OAS no pagó a ninguna subcontratada y ahora Estado uruguayo, que salió como garante soberano, afronta todos los juicios”.

Montevideo –  TodoElCampo –  Cuando el diputado Pablo Abdala  se refiere al proyecto de la Regasificadora Gas Sayago de UTE y Ancap, dice que se trató de un “error de cálculo o algo mucho peor”, y utiliza términos como “negligencia, impericia, imprudencia y culpa”, todo eso “sin perjuicio de que pueden haber existido visos de corrupción, que hoy están siendo investigados por la justicia”. Las pérdidas que esa iniciativa causó al Estado Uruguayo “estarían hoy en el orden de los 200  millones de dólares, que se componen de las sucesivas capitalizaciones de UTE y Ancap, aportes iniciales y posteriores, pasivo, deudas comerciales y financieras, el préstamo de la Corporación Andina de Fomento que pasa los 80 millones de dólares, así como las asistencias financieras que a lo largo de todo este proceso realizaron las empresas públicas”, expresó. También se refirió a la irregularidad de la Ing. Marta Jara que siendo presidenta de Ancap conserva su cargo de gerente general de Gas Sayago, lo que está expresamente prohibido en el artículo 200 de la Constitución. 

Las declaraciones del diputado Abdala fueron realizadas a Surtidores, un sitio web especializado en combustibles, petróleo y energía. La siguiente es la entrevista completa al referido legislador que Surtidores publicó en dos entregas.

EL ESTADO URUGUAYO CON PÉRDIDAS DE U$S 200 MILLONES.

Integrante del Directorio de Ancap durante el gobierno del Dr. Jorge Batlle hasta diciembre de 2003, cuando –un año antes de las elecciones nacionales- renunció a su cargo para dedicarse a la política por el Partido Nacional, el actual diputado Pablo Abdala ha sido el legislador que más énfasis ha puesto en los temas de la empresa estatal de petróleo, con críticas posturas que inclusive llevaron en su momento al enjuiciamiento, posterior proceso y renuncia a su cargo del exvicepresidente de la República Raúl Sendic.

Abdala además, fue uno de los denunciantes ante la justicia de la malograda Regasificadora (UTE-Ancap) bajo la figura jurídica de Gas Sayago (participación de UTE en el 79,35 %, y Ancap con el 20,56 %).

Conocidos los últimos acontecimientos al respecto de este tema, Surtidores mantuvo una extensa entrevista con el legislador nacionalista, quien explicó al portal las razones que lo llevaron a presentar esta denuncia, así como narró su impresión sobre diversos aspectos que considera irregulares y con “visos de corrupción” -según él mismo definió-  tratando de desenredar una madeja muy compleja, que aún tiene varios capítulos por delante.

¿Por qué cree que el Estado uruguayo a través de Gas Sayago presumió que este supuesto “mega proyecto” iría a prosperar, siendo que quedó demostrado que resultó un fracaso con millonarias pérdidas?

Estamos frente a un error de cálculo, si no frente a algo mucho peor. Creo que hubo imprevisión, negligencia sin perjuicio de que hayan existido otras motivaciones de las que yo no quiero sacar conclusiones anticipadas pero que hoy las investiga la justicia.

Además hubo culpa por parte del gobierno en definir un proyecto que no tenía la escala adecuada y emplazado en un lugar inapropiado –los hechos así lo demostraron– con el agravante de que cuando se advirtió que el tema de la Regasificadora iba por mal camino, se decidió seguir adelante con una gran irresponsabilidad.

Creo además que este juicio cabe con respecto a otro aspecto y es el retiro de Argentina del proyecto, que había sido parte de la concepción original del negocio, concebido como un proyecto binacional, con una inversión compartida.

A ello debe sumársele que de los diez millones de metros cúbicos que produciría la planta, nuestros socios aseguraban el destino de por lo menos seis millones, quedando el resto para nuestro país.

A mi juicio con el retiro de Argentina del proyecto, el gobierno tuvo la última oportunidad de parar este fracaso tan categórico y sin embargo no lo hizo, decidiendo seguir adelante, lo que refuerza el concepto de la negligencia, la impericia, la imprudencia y de la culpa que hubo en todo este asunto, sin perjuicio de que pueden haber existido visos de corrupción, que hoy están siendo investigados por la justicia.

¿Cuáles fueron a su juicio las razones del fracaso de la Regasificadora?

Faltó un análisis adecuado en torno a la tasa de retorno del negocio en cuanto a la rentabilidad del mismo, lo que condujo al fracaso, sin perjuicio de que se escogió a una contraparte que no reunía las condiciones técnicas y con dudosos antecedentes en materia de conducta empresarial, como para darle garantías al Estado uruguayo de que el proyecto llegaría a buen fin.

Ni Gas de France con pésimos antecedentes en Argentina, ni OAS, que fue la empresa constructora, aseguraban ni las condiciones técnicas ni antecedentes adecuados, sin experiencia en este tipo de obras.

Esta realidad llevó  a que ambas empresas incumplieran el contrato.

¿El Estado uruguayo debió actuar antes y no esperar llegar a este desenlace tan oneroso y negativo para Uruguay?

Cuando ya en el año 2014 estaba en desarrollo la construcción de la planta  ya se advertían  atrasos en GNLS (conformado por GDF Suez y la japonesa Marubeni) y OAS, porque entre otras cosas nunca se presentó un proyecto ejecutivo apropiado, todas señales de que las cosas iban mal.

Cuando todo esto en lugar de disiparse condujo al fracaso del proyecto, debiendo detenerse las obras en febrero de 2015, el gobierno de la época nunca quiso reconocer esta realidad ni aceptarla, en la medida de que hubiese sido reconocer el fracaso.

De haberlo hecho se habría imputado a pérdida lo devengado hasta ese momento evitándolo muchos males mayores al país, sin embargo hasta este momento en que se resolvió la liquidación de Gas Sayago, tratando el gobierno de disimular las cosas, haciendo de cuenta que lo que pasó no pasó.

Hubo varios intentos fallidos de retomar el tema, destacando el último de 2019 tratando de vender la compañía con dicotomías en la propuesta de venta, como la de ofrecer activos elementos que eran pasivos como los pilotes que quedaron en la bahía afectando el medio ambiente y la navegación.

Fíjese que como parte del objeto de la venta se ofrecían los permisos de concesión que  simultáneamente la ANP (Administración Nacional de Puertos) le estaba reclamando a Gas Sayago, en términos de intimarle el cumplimiento de la concesión bajo apercibimiento de la recisión de la misma, lo que está en vías de acontecer.

Estas situaciones dejan de manifiesto que estábamos frente a una simulación de venta del gobierno, el Ministerio de Industria y Energía, la UTE, Ancap, simularon un proyecto de venta para hacer creer que aún estaba vigente un proyecto que como todos sabemos no lo estaba desde el año 2015.

CON LA FIRMA DE JOSE MUJICA Y FERNANDO LORENZO, EL ESTADO URUGUAYO SALIÓ DE GARANTÍA.

¿A cuánto ascienden las pérdidas del Estado en este negocio contando lo ya devengado y lo por devengar?

Yo diría que más que pérdidas, hablaría de recursos comprometidos que incluyen lo devengado y por devengar, estarían hoy en el orden de los 200  millones de dólares, que se componen de las sucesivas capitalizaciones de UTE y Ancap, aportes iniciales y posteriores, pasivo, deudas comerciales y financieras, el préstamo de la Corporación Andina de Fomento que pasa los 80 millones de dólares, así como las asistencias financieras que a lo largo de todo este proceso realizaron las empresas públicas.

A lo narrado se le debe agregar -no como pérdida sino como contingencia- lo que son los juicios que están en marcha así como las diferentes instancias de reclamos por parte de proveedores de Gas Sayago que están demandándola por créditos impagos (pongo el ejemplo más reciente: la consultora Zener de España, contratada para que realizara estudios de batimetría y un proyecto ejecutivo y no se le pagó).

Además ya hay juicios de acreedores de OAS que están yendo contra Gas Sayago, con demandas en distintos juzgados con relación a deudas que OAS contrajo ya que no le pagó a nadie y le debe a sus subcontratistas (empresas de remolcadores, de pontones, de distintos servicios marítimos, etc.) amparándose en la garantía soberana que el Estado uruguayo otorgó para este negocios con la firma del ex presidente (José) Mujica y del entonces ministro (de Economía) Fernando Lorenzo.

En este último grupo de acreedores hay 90 millones de dólares de contingencia, con riesgo a que el Estado sea condenado a pagar una buena parte de eso.

LA ING. MARTA JARA Y LA DISPOSICÓN DEL ARTÍCULO 200 DE LA CONSTITUCIÓN.

¿Cómo ha quedado la situación de los trabajadores de Gas Sayago después de su cierre, incluyendo la situación de la Ing. Marta Jara en su carácter de gerente general de la misma?

En este punto no queda claro o no se entiende la situación de reserva de cargo de la Ing. Marta Jara.

El 11 de setiembre cuando comparecieron las autoridades a la Comisión de Industria, y ante mi pregunta sobre el acuerdo salarial firmado con todos los trabajadores;  desvinculando a todo el personal de la empresa, excepto la Ing. Marta Jara se me respondió que efectivamente esto había sido así y que la Ing. Jara en su carácter de gerente general tiene su cargo reservado, sin mayor explicación al respecto.

Se trata de una situación notoriamente irregular e ilegal ya que la Ing. Jara es presidenta del ente autónomo Ancap, que se rige por el artículo 200 de la Constitución que reza que “ningún director de ente autónomo ni servicio descentralizado puede ocupar cargos ni aún honorarios en empresas públicas o privadas que se vinculen con el ente que ellos dirigen”, de manera que es inequívoco que la Ing. Jara se encuentra en una situación ilegal desde el año 2016 cuando asume la Presidencia de Ancap y al mismo tiempo se resuelve reservarle el cargo en Gas Sayago.

Tal es así que cuando la jerarca concurrió a Comisión en el Parlamento lo hizo como presidenta de Ancap y como gerente general de Gas Sayago.

Creo que no hay otra razón que explique esto más que reservarle el derecho para que el día que se liquide Gas Sayago (que parece ha llegado) tendrá  derecho a cobrar la indemnización por despido de su salario de gerente general y todos los créditos laborales impagos tomando como base la misma retribución.

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